casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero –durante una agresión en la que también murieron otras seis personas–, los padres de las víctimas decidieron romper el diálogo que mantenían hasta esta semana con la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que la dependencia encabezada por Arely Gómez González no ha demostrado avances de la investigación interna contra sus funcionarios. En particular, los familiares de los desaparecidos reiteraron que no se ha cumplido una de sus principales demandas: la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, a la sazón titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

n el macizo de la Sierra Madre del Sur, donde por siglos ha campeado la pobreza, los pueblos que resisten contra el infortunio se desangran por la violencia criminal. La guerra fatídica contra el narcotráfico dejó una estela sangrienta de 16 mil 359 asesinatos entre 2005 y 2015. El silencio de los pueblos de la Tierra Caliente de Guerrero está marcado por el terror impuesto por las organizaciones delincuenciales. Nadie se atreve a romper las cadenas del oprobio. Las mismas autoridades municipales no sólo han sucumbido ante el crimen organizado, también son víctimas de sus pactos y complicidades inconfesables. Las principales plazas se disputan dentro de las mismas zonas turísticas con cuernos de chivo. Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Chilapa y Ciudad Altamirano son ciudades copadas por el narco. La clase política guerrerense consintió esta alianza pérfida que ha colapsado a las instituciones de seguridad y justicia. El saldo trágico de este primer semestre, con el debut del gobierno de Héctor Astudillo, fue de mil 52 asesinatos, la mayoría con armas de fuego. En junio el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública (SESNSP) registró 206 muertes violentas, es decir, 6.8 asesinatos diarios. Acapulco cerró con 77 homicidios dolosos, 37.8 por ciento. Los 129 casos restantes se consumaron en 27 municipios. Chilpancingo reportó 33 asesinatos; Iguala, 22; Chilapa, 15, y Zihuatanejo, nueve.

i bien en los planteamientos gubernamentales no se menciona de manera alguna que el objetivo real de la llamada reforma educativa sea la privatización de la educación pública, los indicios de que, en esencia, esto es lo que persigue el gobierno de Peña Nieto para consumar el mayor de sus engaños al pueblo de México, son más claros cada día; de manera particular, con los anuncios recientes que resaltan la gratuidad de la enseñanza y de los libros de texto.

l 24 de julio pasado, miles de trabajadores se movilizaron en Chile exigiendo el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas por Pinochet en 1981, con el fin de manejar a través de cuentas individuales las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras chilenos. Equivalen, pues, a las Afore mexicanas. La protesta chilena se denominó No más AFP, y tuvo su origen en el incumplimiento de las promesas que había contraído el gobierno de Chile de que a través de la administración privada de los fondos de pensiones los trabajadores recibirían, al momento de su jubilación, al menos 70 por ciento de su salario. A la hora de la verdad, muchas de ellas apenas alcanzaban el salario mínimo. También protestaban por las comisiones injustificadas y por los altos salarios y prestaciones que gozan los ejecutivos de estas empresas. Todo, con el dinero de las y los trabajadores.

a devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene precedente en la historia del planeta ni las culturas. Han habido civilizaciones que han provocado desastres ambientales, pero nunca antes se habían mundializado, desequilibrando los propios flujos y sistemas naturales que sostienen la vida en el planeta. El capitalismo y su civilización petrolera, el modelo de producción y consumo industrial y basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) provocó este desastre en poco tiempo, acelerado en las últimas décadas.