Valle de Bravo, Méx.

Un funcionario del gobierno mexiquense, apoyado con policías estatales, llegó el pasado 29 de julio a la casa de la familia Villalpando, a un costado de la presa Miguel Alemán, en el barrio de Santa María Ahuacatlán, para informarles que su vivienda había sido expropiada para construir una plaza recreativa. A los moradores –un hombre de 82 años y otro de 40–, les dieron una semana para evacuar.

Los afectados dijeron que no les notificaron del inicio del proceso de expropiación de la casa en que han vivido por más de 40 años.

Ese mismo día el gobierno tomó posesión del predio contiguo, que también fue expropiado y desde hace años se encuentra abandonado. El acto fue considerado por vecinos y amigos de los Villalpando un acto arbitrario e ilegal.

Para ser indemnizados por la expropiación de su vivienda, los Villalpando deberán acreditar la posesión legal del inmueble, el cual les pagarán a valor catastral, no comercial, como señala el decreto expropiatorio del pasado 27 de junio, publicado en el periodo oficial Gaceta de Gobierno.

Los inmuebles, uno de mil 469 metros cuadrados y otro de mil 480, ubicados en las calles Fray Gregorio Jiménez de Cuenca y Manuel P. Archundia, son expropiados por causa de utilidad pública, dice el decreto de expropiación para la construcción de la plaza Estado de México, que contará con áreas culturales, deportivas, recreativas y jardines.

Estas plazas han permitido crear y consolidar espacios con instalaciones para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, en las que se pueden encontrar juegos infantiles, pista infantil, pista para trotar, ciclopista, área de patinaje, gimnasio al aire libre, andadores, sanitarios, áreas verdes y, en algunos casos, canchas, juegos para personas con discapacidad y espejo de agua, señaló en un comunicado el gobierno mexiquense.

Familiares y amigos de los Villalpando salieron a las calles ayer. Más de 600 personas caminaron desde el inmueble expropiado hasta el centro del municipio para exigir al gobernador Eruviel Ávila que derogue el decreto del 27 de junio, pues Valle de Bravo ya tiene varias plazas de esparcimiento y recreación.

La familia Villalpando contrató a un abogado para que promoviera un juicio de amparo contra el decreto de expropiación. Este jueves les notificaron que un juzgado de distrito había aceptado a trámite el recurso y concedió una suspensión provisional, que impediría desalojar a Mario y Arturo hasta que se resuelva de fondo del juicio.

Este viernes se vence el plazo que otorgó el funcionario del gobierno estatal para que la vivienda fuera evacuada, a fin de tomar posesión del terreno.