os planes de la oposición brasileña para destituir a la presidenta Dilma Rousseff de forma definitiva de su cargo tuvieron ayer un nuevo avance, luego de que una comisión del Senado aprobó someter a la mandataria –suspendida de manera provisional desde mayo pasado– a un juicio de destitución definitiva este mismo mes.

La luz verde de la comisión referida deberá ser refrendada por el pleno de 81 senadores el próximo martes, en una sesión que será presidida por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. De seguir el curso favorable al impeachment de Rousseff, es posible que en las próximas semanas se ponga punto final a más de una década de gobiernos del Partido de los Trabajadores, que lograron una transformación social y económica de la nación sudamericana, pero que fueron incapaces de frenar las fisuras, vendetas y corruptelas ocurridas dentro del bloque político gobernante ni mucho menos de contener los intereses regresivos de una clase político-empresarial que durante los meses pasados ha mostrado su faceta corrupta y antidemocrática.

Cabe reiterar, en ese sentido, que el proceso contra la presidenta brasileña se ha caracterizado no sólo por la falta de todo sustento jurídico para la remoción de la mandataria, sino también por la defección del gobierno que encabeza Michel Temer –vicepresidente durante los dos mandatos de Dilma Rousseff– de la plataforma política y económica que 54 millones de brasileños eligieron en octubre de 2014.

La escalada de los grupos oligárquicos de Brasil, que intentan desalojar de la presidencia al Partido de los Trabajadores, triunfador en las urnas cuatro veces consecutivas, coincide con la inauguración de los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Río de Janeiro a partir de hoy, los cuales han sido objeto de severos cuestionamientos en torno a su pertinencia, utilidad y perspectivas de éxito, como parte del enrarecido clima político y social brasileño.

No deja de ser siginificativo el contraste entre el ambiente que se vive hoy en territorio brasileño y el que existía hace casi siete años, cuando Río de Janeiro fue designada como sede olímpica. En ese entonces los buenos resultados sociales y económicos de los gobiernos de Lula Da Silva perfilaban una continuidad en la persona de Dilma Rousseff; en ese contexto, la elección de Brasil para albergar una Copa Mundial de Futbol y unos Juegos Olímpicos parecía un espaldarazo internacional a su proyecto político.

En forma inexorable, la debacle del Partido de los Trabajadores ha mermado también el entusiasmo de la población ante los actos deportivos que se inician hoy, y los medios dedicados a presentar a los integrantes de la formación izquierdista como intrínsecamente corruptos se han enfocado también en las falencias organizativas de los juegos.

La circunstancia actual plantea un duro reto para Brasil y su población, pero también abre la oportunidad de que ese país restañe el actual deterioro político y social y elimine sus ribetes desestabilizadores. Para ello, en el terreno político e institucional, la restitución de la presidenta y del orden legal y democrático se presenta como una condición necesaria y urgente.

Cabe esperar, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sean por demás exitosos y estén a la altura de la máxima potencia económica, política y militar de Latinoamérica.