Con la finalidad de deslindar responsabilidades, la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México investiga la adquisición de alarmas vecinales por la anterior administración de la Magdalena Contreras con presupuesto participativo y que no se colocaron, no se utilizaron y no sirvieron, informó el jefe delegacional, Fernando Mercado Guaida.

En conferencia de prensa, en la que informó que se destinarán 370 millones de pesos a obras de agua, drenaje, pavimentación, luminarias, construcción de una ciclopista y 30 muros de contención, denunció que hubo una operación para que los comités vecinales las solicitaran.

Se trata de uno de los grandes temas que tiene la administración anterior –que encabezó Leticia Quezada– con la contraloría, porque las alarmas no se colocaron, no sirven y su garantía venció cuando aún estaban en el almacén, señaló.

La vigilancia además fue contratada a una empresa privada. No sé cómo era la estrategia para que pudiera detonar la actuación de la policía, resultando afectados los vecinos de 15 colonias, donde se ejerció el presupuesto participativo, porque se compraron las alarmas, pero el benefició nunca llegó.

La Secretaría de Seguridad Pública nos entregó 13 mil alarmas, de las cuales 11 mil ya están instaladas y conectadas a su centro de mando C5.

Dijo que próximamente se conocerá quiénes y cuántos son los servidores públicos inhabilitados o con procesos penales por este asunto.

Por otra parte, advirtió que la construcción del proyecto Antara Sur, que incluye torres de oficinas y comercios, incrementará los problemas de movilidad en la demarcación, y continuará la verificación exhaustiva de los proyectos inmobiliarios, de los que a la fecha se han clausurado unos 20 por falta de uso de suelo.

La anterior administración autorizó 17 manifestaciones de construcción en un mes y ahora suman 30 en casi un año, por lo que apuraremos al gobierno de la ciudad a que nos deje actualizar el uso de suelo para construir 30 muros de contención en beneficio de 55 mil personas.

Se trata de un asunto de voluntad política, con el fin de salvar vidas, pues sólo es posible actuar en zonas urbanizadas y regularizadas, cuando muchos asentamientos están en colonias consolidadas y no podemos entrar, afirmó.