unque las cifras varían dependiendo de la fuente, el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio en Turquía tuvo como saldo la muerte de aproximadamente 250 personas y mil 500 heridos, además de que varios edificios, entre ellos el Parlamento, resultaron con daños severos. Pero además de la pérdida de vidas, las lesiones y la destrucción resultado de la frustrada rebelión castrense, en aquella nación se ha ingresado a una etapa de persecución contra los opositores al régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan. Más de 13 mil personas han sido detenidas y se ha iniciado una purga en distintos sectores para separar de sus cargos a los funcionarios afines con los sectores golpistas. Quizá para algunos ésta sería una imagen natural o lógica luego de un levantamiento armado, pero habría que advertir que en este caso el afán revanchista va mucho más lejos, pues hoy afecta de manera muy importante al sector educativo, las universidades y la investigación científica.

De acuerdo con una nota de Andrés Mourenza, fechada el 21 de julio en Estambul y publicada en el diario El País, el Consejo de Ministros de Turquía decretó el estado de emergencia, con lo que se imponen restricciones a los derechos de las personas, cancelando las libertades de expresión, reunión y de movimiento. Con ello se permite realizar registros a las viviendas y otras propiedades sin contar con autorización judicial, y se convierte en obligatoria la obtención de un permiso especial para trasladarse de un lugar a otro. Al menos durante los próximos tres meses, tiempo que durará esta medida, las autoridades podrán censurar o prohibir publicaciones de prensa, emisiones de radio y televisión, así como actos o representaciones culturales.

De acuerdo con un cable de la agencia Efe fechado en Londres este domingo, Amnistía Internacional asegura que hay pruebas creíbles de abusos y tortura en Turquía contra personas detenidas. Algunas están sufriendo golpes y torturas, incluidas violaciones, en centros oficiales y no oficiales en todo el país, dijo la organización en un comunicado.

La persecución ha tomado proporciones enormes. Los despidos ocurren por millares. Además de lo ceses en las filas castrenses, hasta el lunes pasado se contabilizaban 13 mil empleados despedidos de los departamentos de justicia, interior y finanzas y más de mil de las oficinas del primer ministro, el Ministerio de Familia y Políticas Sociales y de la Dirección de Asuntos Religiosos, escribe Mourenza.

Me detengo con algún detalle en estos hechos para compartir una imagen de lo que se vive hoy en Turquía a nivel general luego del fallido levantamiento militar. En el sector educativo, en particular, se han producido hasta ahora cerca de 40 mil despidos.

En un artículo publicado en la sección de noticias de revista inglesa Nature, Allison Abbot aporta datos sobre cómo se desarrolla la persecución en el sector educativo, en el que, por ejemplo, se ha dado la orden de renunciar a mil 500 decanos, que son los que ocupan las posiciones más altas en las facultades universitarias, y muchos otros líderes académicos esperan ser despedidos. Si bien algunos podrían ser recontratados, la medida es interpretada como un intento de mantener un estricto control del gobierno del presidente Erdogan sobre el sector educativo, al mismo tiempo que permite deshacerse de los que considera opositores.

Otras medidas adoptadas incluyen la suspensión temporal de viajes internacionales para los científicos turcos, la cancelación de los periodos vacacionales y la exigencia de retorno a quienes se encuentran fuera, lo anterior con la finalidad aparente de evitar que alguien pueda escapar a ser investigado.

Abbot señala que el pasado 18 de julio el Consejo Turco de Educación Superior (YÖK) citó a una reunión de emergencia a la que acudieron 165 rectores a los que se pidió que identificaran a académicos y administradores afines a los sectores a los que se atribuye estar detrás del golpe, es decir, se les está obligando a realizar una actividad policiaca. El Consejo no invitó a 28 rectores, pues considera que sus universidades son sospechosas de estar aliadas a la oposición y algunas de ellas serán intervenidas por el Estado.

Las universidades son por su propia naturaleza entidades críticas y lo que se busca con estas acciones es realizar una limpieza y eliminar toda oposición al gobierno, atentando además contra las libertades académicas y el desarrollo científico de Turquía. Las medidas adoptadas por el gobierno de Erdogan contra el sector académico deben ser rechazadas por las comunidades científicas de todo el mundo.