La familia de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa muerto a golpes, solicitó a la Unidad de Investigación del caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de pesquisas que se dedique a indagar los delitos cometidos contra el joven normalista.

Esta petición se da luego de que el lunes pasado se hicieran públicos los resultados de los recientes peritajes realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los cuales concluyen que Julio César perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico al ser salvajemente golpeado por sus agresores, y por un disparo de arma de fuego.

Los familiares del joven asesinado instaron a la PGR a cumplir a cabalidad las recomendaciones emitidas por la CNDH sobre el particular, a fin de que el caso no quede impune.

Desde su primer informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó la exhumación, debido al retraso pericial, mientras que en el segundo reporte se denunció que la fragmentación de las investigaciones y la demora de los análisis –luego de que el cuerpo fuese exhumado–, causaron una revictimización innecesaria a la familia.

La exigencia está en que se logre esclarecer los hechos para que ésta, y para las otras familias pueda haber, por fin, un esclarecimiento de los hechos y castigo a los verdaderos responsables.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representantes legales en el caso, acompañarán la exigencia de justicia para Julio César y su familia.