Una docena de organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el retraso en el establecimiento del mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala, a más de dos meses del final del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto exhortaron al gobierno mexicano no sólo a instalar este mecanismo a la brevedad, sino también a que cuente con los elementos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Encabezadas por Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Open Society Justice Initiative, el grupo de organizaciones destacaron que este mecanismo representa una nueva oportunidad del gobierno mexicano para demostrar a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, advirtieron que para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero, como es la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, este mecanismo debe incluir al menos cinco puntos planteados por el organismo regional.

Estos puntos son: el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del grupo de expertos en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; visitas periódicas por parte de la CIDH; la difusión de información del estado de cumplimiento, y acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.

Hasta el momento, los padres de 43 y sus representes legales negocian con el gobierno federal las características de dicho esquema, a fin de llegar a un acuerdo para finales de mes, cuando se prevé se reúnan con la CIDH en Washington. Este viernes, los familiares y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostendrán una nueva reunión.

En la carta pública, las organizaciones que la suscriben solicitan que el mecanismo cuente con la plena cooperación y coordinación del Estado mexicano de manera que no se presenten nuevamente los obstáculos que enfrentó el GIEI durante su mandato.

De manera particular, Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México en Wola, advirtió que de no garantizar las condiciones mínimas para poder operar, el gobierno mexicano estará impidiendo nuevamente el trabajo de la CIDH alrededor del caso y mostraría su falta de voluntad para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas.

Otras organizaciones firmantes son Robert F. Kennedy Human Rights, Brigadas Internacionales de Paz, Conectas Direitos Humanos, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (Lawgef), JASS (Asociadas por lo Justo), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otros.