Feminicidios, desapariciones, trata y violencia sexual se cometen en Guerrero ante autoridades que muestran desprecio por la vida de las mujeres. La situación es tan grave que el gobierno federal debe decretar inmediatamente la alerta de violencia de género (AVG) y no esperar los seis meses que indica el procedimiento, exigieron ayer activistas de diferentes organizaciones.

La semana pasada la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aceptó la solicitud de AVG y formó un grupo de académicos y funcionarios para investigar las denuncias. Por ello, otra de las demandas de las defensoras de derechos humanos es que expertos en criminología se sumen a las pesquisas.

De 2003 a 2015 se reportaron mil 538 feminicidios, de acuerdo con el Observatorio de Violencia contra la Mujer Hannah Arendt. Además, esa entidad ocupa el tercer lugar en el país en el número de casos del delito de trata con fines de explotación sexual, señaló Mariana Reyna, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.

Guerrero está en alerta roja, advirtió María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF). Muchas de las que fueron asesinadas antes sufrieron levantones y violencia sexual, resaltó. Otras siguen desaparecidas. En 2015, deploró, sólo por 13 casos de extravío de niñas o adolescentes se emitió la alerta Amber.

Ser mujer en Guerrero es vivir en un lugar donde las desapariciones son frecuentes. Agregó que ni con el antecedente de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa el gobierno ha hecho algo por evitar que esa tragedia continúe. Añadió que se trata de un estado disputado por cárteles, desprotegido por autoridades misóginas y ocupado por militares que han cometido violaciones sexuales.

Martha Sánchez Néstor, del grupo Plural por la Equidad, pidió no olvidar a Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas del pueblo me’phaa, quienes fueron violadas por elementos del Ejército en 2002. No necesitamos morir para contar como uno más de los agravios, señaló.

La impunidad que se vive en esa entidad ha propiciado que todos esos delitos se incrementen, señaló María Luisa Garfias Marín, de la Alianza Feminista. Sostuvo que gran número son perpetrados por la delincuencia organizada, pero no todos, y eso le ha servido a la Fiscalía General para vincular a las víctimas con el narcotráfico y no investigar.

No queremos la misma receta para Michoacán, Jalisco, Morelos o el estado de México, donde ya se decretó a la AVG, advirtió. Rechazó efectuar medidas de sensibilización para funcionarios, ya que en eso se han gastado ya millones y siguen siendo sexistas.