Las comisiones que analizan el veto del presidente Enrique Peña Nieto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas subrayan en el dictamen –que circuló ayer entre los senadores– que obligar a los particulares a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, cuando reciben recursos públicos, puede constituir una intromisión en su privacidad y pondría en riesgo otros derechos, como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal, además de violar preceptos constitucionales.

En el dictamen, que se votará este martes por la mañana en comisiones unidas y, por la tarde, ante el pleno del Senado, los legisladores se inclinan a aprobar la propuesta del Ejecutivo de modificar ese artículo, ya que, argumentan, como está redactado es violatorio de derechos contenidos en la Constitución.

Además, sostienen, obligar a los particulares a presentar sus declaraciones, patrimonial y de intereses, es innecesario, puesto que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción, ya que en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas existen otros medios menos lesivos que permiten garantizar la prevención, combate y sanción de hechos de cohecho.

Las comisiones unidas de Anticorrupción, la de Justicia y la de Estudios Legislativos, advierten que el artículo que el Senado avaló, casi por unanimidad, no contribuye a combatir la corrupción, pero sí infringe el derecho humano a la vida privada y a la protección de datos personales.

En el dictamen, los legisladores aceptan que la imposición de esa obligación a los particulares no deriva de ninguna disposición constitucional, ya que el artículo 108 de la Carta Magna sólo incluye a los servidores públicos.

Aseveran que estas comisiones estiman pertinente la observación al instrumento legislativo, ya que no deben introducirse de forma arbitraria normas que equiparen a los particulares como servidores públicos ni lesionar sus derechos humanos.

Advierten que, de no modificar los artículos observados, la norma se aplicaría de manera indiscriminada a todas las personas que reciban recursos públicos sin distinción, como los beneficiarios de programas sociales, estudiantes que gozan de beca de entidades públicas o personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato.

Por otra parte, la sesión solemne que se realizaría este martes para recibir al presidente de Italia, Sergio Mattarella, se suspendió de último momento, ya que se informó que el mandatario anticipó su salida del país.

En su lugar, a esa hora sesionará la Comisión Permanente, y más tarde dará inicio el periodo extraordinario de sesiones del Senado.