El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero (PVEM), informó que se pospuso al próximo martes la reunión para dictaminar el veto presidencial a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que, detalló, “la mayoría de los legisladores –integrantes de los grupos dictaminadores– pidieron que no se efectuara este lunes, como estaba previsto”.

Destacó que el veto del presidente Enrique Peña Nieto es al artículo 32 de la ley e involucra a otros 10, en los que se hace referencia al primero.

El senador del PVEM explicó que “la mayoría de los integrantes de las comisiones Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativo Segunda, que van a dictaminar el veto del Ejecutivo, pidieron que se pospusiera hasta el martes la sesión de comisiones, para que les diera tiempo a llegar desde los lugares donde se encontraban, ya que algunos están de vacaciones o en sus estados.

Escudero destacó que “no hay ningún problema por efectuar la reunión de dictaminadoras el martes por la mañana, antes de la sesión del periodo extraordinario. Se trata sólo de discutir un artículo, pero como nos vamos a allanar a la propuesta del Ejecutivo, no le veo ningún problema, ya que la discusión se hará en el pleno.

Peña Nieto, al observar el artículo 32 de esta ley, estableció que la obligación establecida de que los particulares presenten declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés, constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales, particularmente en su ámbito privado, ya que, si bien resulta cierto que se persigue un fin legítimo y de interés público, impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos, tanto directa como indirectamente.

Detalla el Presidente que (como quedó aprobado ese artículo) se aplicará de manera indiscriminada a todas las personas que reciban recursos públicos, sin distinguir, por ejemplo, entre aquellas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes becados mediante entidades públicas, e incluso a persona físicas que prestan servicios a empresas que tengan contratos públicos.

Añade que la ley no debe introducir de forma arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionar los derechos humanos de aquéllos. En todo caso, dicha homologación debe tener por objeto la consecución de objetivos expresamente incluidos en ellas. Como ya se ha referido, no existe norma constitucional que expresamente prevea esta homologación.