En el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay una intensa discusión por las modificaciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la casa de estudios. El diferendo radica en que algunos actores pretenden mantener bajo reserva los datos relacionados con los recursos extraordinarios que genera la institución, mientras otros insisten en que éstos –y todo lo relacionado con su obtención– deben ser públicos.

La Comisión de Legislación Universitaria tiene para revisar las modificaciones a dicho reglamento, que se espera sea presentado en la próxima sesión del CU –aún sin fecha– para su análisis, discusión y posible aprobación.

Algunos consejeros resaltaron que si bien en términos generales el reglamento está bien, hay preocupación porque se ha planteado dejar fuera lo referente a los ingresos propios, esto con el argumento de que no se trata de recursos federales, sino que son generados por la UNAM.

Agregaron que en parte ese razonamiento es cierto, pero la universidad obtiene sus propios ingresos con el uso de instalaciones, equipo y personal mantenido con presupuesto público, razón por la que éstos también deben transparentarse.

Agregaron que el reglamento debe estar listo lo más pronto posible, ya que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio a la UNAM y al resto de las instituciones autónomas del país, hasta mayo de este año para presentar la armonización de sus lineamientos en la materia con la Ley Federal de Transparencia.

Los consejeros consultados indicaron que para ir en armonía con la ley federal es necesario que se transparenten estos ingresos extraordinarios para la casa de estudios, muchos de los cuales se obtienen por convenios con instituciones del Estado o con el sector privado, cursos y talleres, mediante educación continua, seminarios o asesorías, entre otros.

El presupuesto de la UNAM para este año, aprobado en diciembre de 2015 por el CU, se desglosa de la siguiente manera: 35 mil 61 millones de pesos procedentes de recursos federales y 4 mil 321 millones de ingresos propios.

El 18 de abril de este año se publicó en la Gaceta UNAM el acuerdo mediante el cual el rector Enrique Graue Wiechers constituyó la Unidad y el Comité de Transparencia de la casa de estudios, como un primer paso para armonizar la reglamentación universitaria con la legislación federal en la materia. En el documento se planteó que en un plazo no mayor a 120 días hábiles –a partir de la publicación del acuerdo– se someterá a consideración del CU un nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública o bien la modificación al vigente.

La Jornada tiene copia de las observaciones planteadas en la Comisión de Legislación al reglamento, como una adecuación al artículo sexto referente a la obligación de documentar todo. El numeral propuesto señala que las áreas universitarias tienen el deber y la responsabilidad de documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades o competencias, ya sea en el ejercicio de los recursos públicos o en el ejercicio de actos de autoridad en el ámbito de la universidad.

Los consejeros agregaron que el reglamento también aporta elementos en las sanciones a funcionarios que no garanticen la transparencia.