Wendy Noreli Hernández Díaz, detenida arbitrariamente en Tabasco en agosto de 2011 por elementos de la Marina, relata cómo los marinos la orinaron y la violaron con dedos enguantados, acción que le provocó una infección que no fue atendida adecuadamente por los médicos.

Después de horas de tortura, los marinos le quitaron la venda y la presentaron a los medios de comunicación frente una mesa repleta de drogas y armas.

Wendy denunció la tortura que sufrió ante un juez, que dio vista al Ministerio Público para que llevara a cabo una investigación.

Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) la examinaron cuatro años después de su arresto, y todavía permanece en prisión en espera del cierre de su juicio con acusaciones de producción de narcóticos.

En su informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, Amnistía Internacional incluye múltiples testimonios de mujeres víctimas de tortura y violación sexual.

Otro de los casos es el de Mónica Esparza Castro, joven de 26 años, quien fue violada por un grupo de policías municipales de Torreón, Coahuila, ante la mirada de soldados.

El 12 de noviembre de 2013 fue detenida junto con su esposo y un hermano. Tras colocarle bolsas de plástico en la cabeza, en un intento de asfixia y recibir incontables golpes, Mónica vio cómo golpeaban a su esposo con látigos que tenían espuelas de metal y cómo le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo.

Los policías municipales aplicaron descargas eléctricas a Mónica en los genitales y las piernas. Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello; terminó violándola delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, miembros del Ejército, uniformados, estuvieron allí mirando.

Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura. Ella fue trasladada a la Ciudad de México, donde la obligaron a firmar una confesión que la vincula al cártel de Los Zetas.

Ella está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención.