En la detención y reclusión de mujeres, las policías y las fuerzas armadas en México tienen la práctica habitual de someterlas a malos tratos, incluida la tortura y la violencia sexual. Estas acciones son ya un escándalo en materia de derechos humanos, que están envueltas en el silencio de unas investigaciones deficientes y la impunidad casi total de los perpetradores.

Estas afirmaciones son parte de las conclusiones del informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por Amnistía Internacional (AI), en el cual se revelan y analizan las historias de 100 reclusas en prisiones federales que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto e interrogatorio a manos de los cuerpos de seguridad.

De estas 100 mujeres, todas afirmaron haber sufrido acoso sexual o maltrato sicológico. En arrestos practicados por las policías municipal, estatal y federal o por las fuerzas armadas, se denunció violación en más de la mitad de los casos. Pero el índice más alto se registró en cuanto a la Marina, donde en ocho de cada 10 arrestos documentados en dicho informe, las mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación.

Palizas brutales, amenazas de abuso sexual a ellas y a sus familiares, semiasfixia, descargas eléctricas, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, dedos, armas de fuego y penes, son sólo algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres, en muchos casos con la intención de hacerles confesar delitos graves, señala el informe que será presentado este martes.

Madelaine Penman, investigadora del secretariado internacional del AI y coordinadora del informe, señala que el documento demuestra que la violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad cuando arrestan a mujeres. Y advierte que aun para quienes trabajan en estos temas de tortura, los resultados son verdaderamente alarmantes.

El informe de 62 páginas, resultado de ocho meses de investigación que incluye entrevistas sobre el terreno, documentación y análisis de casos, que oficialmente se dará a conocer, indica también que en la guerra contra el narcotráfico en México la tortura es generalizada, pero se resta importancia o se ignora en gran medida su impacto en las mujeres.

La respuesta de las autoridades a estas violaciones de derechos humanos ha sido sumamente desalentadora, dice el informe, y agrega que la tortura y otros malos tratos son una constante en la cotidianeidad mexicana, donde sus autores gozan de impunidad casi absoluta. De los miles de denuncias de tortura presentadas desde 1991 –solamente en 2014 la Procuraduría General de la República recibió 2 mil 403 quejas–, únicamente 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal.

En entrevista, la investigadora de AI comentó que la elaboración del informe enfrentó serios obstáculos por parte de la Secretaría de Gobernación para realizar el trabajo de campo en los reclusorios federales, pero aún más con el Ejército y la Marina, que ni siquiera recibieron a personal de Amnistía. Es una situación muy preocupante, pues son ellos, los integrantes de las fiuerzas armadas, quienes están en las calles haciendo trabajo polciaco, dijo.

Respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), AI afirma que ha fallado a los sobrevivientes de tortura, pues aun cuando en los años recientes ha emitido varias recomendaciones sobre el tema, esta cifra es nada comparada con las quejas que ha recibido.

Además, destaca que la CNDH ha sido ampliamente criticada por el exceso de secreto durante sus investigaciones, que llega hasta el punto de impedir el acceso de las personas sobrevivientes o sus familiares a los expedientes. En varios casos en los que expertos de la comisión realizaron exámenes forenses a sobrevivientes de tortura, no entregaron los resultados ni a éstos ni a sus representantes.

En la larga lista de recomendaciones, AI sugiere al Estado mexicano retirar de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, para las que no han recibido formación y por las que no rinden cuentas.

También pide reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que serán castigados los responsables.