Con el nuevo sistema de justicia penal, basado en el principio constitucional de presunción de inocencia, prácticamente se termina la prisión preventiva y oficiosa, señaló Alfonso Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Explicó que los jueces tendrán que respetar este principio y dejar en libertad a las personas, aunque hayan sido detenidas en flagrancia, a fin de que puedan llevar su defensa en libertad.

Aclaró que la prisión preventiva sólo se prevé en la comisión de nueve delitos, entre los cuales están el homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, corrupción de menores, los cometidos por medios violentos y contra la salud.

En conferencia de prensa, el consejero Pérez Daza subrayó que esto no significa que se aliente la impunidad, sino que se realice un proceso judicial con pleno respeto a las garantías individuales. Y es que con el sistema anterior había casos en que la persona podría resultar inocente tras su periodo de reclusión.

Ahora, en el nuevo sistema penal, el cual entró en vigencia el pasado 18 de junio en todo el país, las personas sólo podrán ser consideradas culpables cuando el juez dicte la sentencia.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, reconoció que hay voluntad política de las autoridades para hacer su tarea y lograr que este nuevo formato sea aceptado por los mexicanos.

No obstante, reconoció que la percepción de mejoría en la procuración de justicia será lenta entre la población debido a la complejidad del mismo sistema, pues implica un cambio radical en el país.

‘‘La percepción en la población para el cambio al nuevo sistema penal será lento, porque es un cambio muy grande en el sistema penal y esto va a ser lento’’, dijo Elías Azar.

En este sentido, María de los Ángeles Fromow, secretaria ejecutiva del Sistema de Coordinación Penal, señaló que de acuerdo con especialistas, la consolidación de este nuevo sistema de justicia podría llevarse hasta 10 años.