En México persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad, aseguró Christof Heyns, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

En su informe sobre el seguimiento de las recomendaciones que dejó tras su misión en el país en 2013, el experto señaló que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son insuficientes e ineficaces.

Además, advirtió que la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación con violaciones al derecho elemental a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas.

En su reporte, tras recibir información oficial del gobierno mexicano y de organizaciones civiles, criticó que no se haya avanzado en separar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, e incluso citó de manera puntual algunos casos como Tlatlaya, Calera y Santa María Ostula, donde militares están involucrados en delitos como ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

Asimismo, cuestionó la emisión de leyes militares que violan los estándares internacionales de derechos humanos, situación que no se ha corregido del todo. Junto a este tema, censuró la ausencia de una ley general que regule el uso de la fuerza pública, de manera particular en las manifestaciones o cuando se practican detenciones.

En este último punto, como en otros tantos, dijo que no ha habido avance alguno en las recomendaciones pasadas, por lo que lamentó la postura del gobierno mexicano y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la policía.

Llamó a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, así como a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

El informe de 22 páginas también da cuenta de la situación de grupos vulnerables, como son mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, niños y niñas, reclusos y detenidos, así como de personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero.

Advirtió que en 2015, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que los grupos vulnerables seguían siendo objeto de violencia y violaciones de los derechos humanos de forma desproporcionada, en particular los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, las mujeres, los niños y las personas que vivían en la pobreza.

El relator especial agregó que existe un nivel preocupante de violencia contra los familiares de las víctimas, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y estimó que su falta de acceso a la justicia fomenta la impunidad estructural por esas violaciones, reproduciéndolas con mayor gravedad.

El informe de seguimiento concluye que a pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia.

También, señaló que las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada, por lo que reitera que se deben adoptar medidas adicionales para aplicar plenamente las recomendaciones, a fin de garantizar mejor la protección del derecho a la vida.