os trágicos sucesos del pasado domingo en Nochixtlán, Oaxaca, ponen a las instituciones ante la necesidad de una renovación real y profunda que debiera empezar por el reconocimiento de la gravedad y la magnitud del hecho y de sus consecuencias. Conforme pasan las horas se han ido conociendo elementos que apuntan a un ataque con armas de fuego realizado por la policía en contra de los manifestantes que se encontraban en el bloqueo carretero en la localidad: maestros de la sección 22 y simpatizantes de esa y otras poblaciones.
Hay fotos, videos, balas y casquillos recopilados por los habitantes, y la explicación de que las fuerzas del orden fueron víctimas de una emboscada
por individuos armados es difícilmente sostenible por sus propias contradicciones internas y muy poco verosímil para una sociedad que en varias ocasiones ha descubierto tergiversaciones y montajes en las versiones oficiales. En el caso presente ha faltado consistencia entre los posicionamientos de la Comisión Nacional de Seguridad; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos; el gobernador Gabino Cué, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y las vagas referencias a un supuesto grupo externo
a la CNTE o radicalizado
que habría atacado a balazos a las fuerzas del orden no contribuyen, por su imprecisión, a dar solidez a los dichos del gobierno.
Aunque es de obvia resolución legal, la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que la Procuraduría General de la República colaborará con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la investigación orientada a deslindar responsabilidades parece insuficiente, dada la erosión en la credibilidad de las pesquisas oficiales en ámbitos en los que cabe presumir violaciones severas a los derechos humanos, como en la cruenta refriega de Nochixtlán.
Se reconozca o no, los sucesos ocurridos en la población mixteca se traducen en una crisis política, tanto en el gobierno oaxaqueño, en el que Adelfo Regino Montes renunció ayer al cargo de secretario de Asuntos Indígenas –estratégico en la entidad–, como en el federal, en donde el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, quedó prácticamente deshabilitado a raíz de lo ocurrido en Nochixtlán.
Sería saludable que el poder público no cayera por segunda vez en el error que cometió tras la agresión policial perpetrada en Iguala contra estudiantes normalistas: minimizar el hecho y restarle trascendencia. La crisis actual debe ser asumida y capitalizada para ventilar abiertamente los contenidos de la reforma educativa, pero también las graves insuficiencias institucionales en materias como la procuración de justicia y la propensión de las fuerzas del orden a cometer violaciones graves y masivas contra los derechos humanos.
Se presenta, en suma, una oportunidad para rectificar. Ojalá se entienda que para cualquier gobierno la rectificación no es desdoro, sino dignificación.
