Con un crecimiento sistemático desde 2010, el flujo de migrantes menores de edad, en su mayoría procedentes de Centroamérica, se ha visto frenado por la barrera impuesta por el gobierno mexicano en su frontera sur. De 2014 a abril de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta más de 79 mil casos de niños, niñas y adolescentes detenidos, la mitad de ellos no acompañados por un adulto, que los pone en situación de enorme vulnerabilidad.

Para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, este aumento en el número de migrantes menores detectados –que pasó de 4 mil 160 en 2011 a 35 mil 704 en 2015– se debe no sólo a la escalada de violencia y pobreza que se vive en Guatemala, Honduras y El Salvador –países identificados como el Triángulo Norte centroamericano–, sino a las políticas antimigratorias del gobierno mexicano.

Con rasgos ya de crisis humanitaria, este flujo migratorio sigue en aumento, sin ningún signo de poder aminorar. Tan sólo en los primeros cuatro meses del presente año suman casi 9 mil 500 migrantes menores localizados, en un ritmo ligeramente superior al de 2015, que rompió récord de detenciones.

De los más de 35 mil casos reportados el año pasado, la mitad correspondieron a menores migrantes de nacionalidad guatemalteca, con 17 mil 735; seguidos por los de Honduras, 9 mil 803 (27.4 por ciento); El Salvador, con 7 mil 333 (20.5), y otros, con 833 (2.3 por ciento).

En los primeros cuatro meses de 2016, el número de migrantes irregulares menores de edad presentados al INM es de casi 9 mil 500, cifra muy similar a las registradas durante todo 2013. En este flujo hay una mujer por cada dos hombres, y siete de cada 10 tienen entre 12 y 17 años de edad.

En este contexto de creciente migración infantil, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch (HRW) señalan que el gobierno mexicano ha optado por políticas de detención y deportación en lugar de protección.

En su reporte Puertas Cerradas: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central, HRW señala que la defensa de la niñez en México se ha quedado sólo en la legislación, lejos de la práctica, pues el personal de migración ni siquiera informa a los indocumentados qué derechos tienen.

Mayra Rojas, presidenta de Infancia en Común, y Martha Sánchez Soler, de la Caravana Migrante Mesoamericana, aseguran que este aumento en las detenciones está directamente relacionado con el Programa de la Frontera Sur, que en el fondo se trata de un filtro para impedir el paso de migrantes centroamericanos a Estados Unidos.

Así, con el programa presentado en el discurso como un instrumento protector de los derechos de la infancia migrante, los gobiernos de México y Estados Unidos aumentan los riegos de la población que busca llegar a la frontera norte, como la trata de personas, los asaltos, secuestros y extorsiones.

Las cifras del gobierno estadunidense confirman el filtro. Del 1º de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, Estados Unidos detuvo a casi 40 mil menores centroamericanos, 45 por ciento menos que en el mismo periodo de un año antes, cuando se registraron 68 mil.