La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno del estado de Baja California Sur violaron las garantías de rarámuris, como omitir medidas para garantizar seguridad jurídica y procuración de justicia, entre otros aspectos, luego de rescatarlos de explotación laboral que sufrían en campos agrícolas del municipio de Comondú, de esa entidad, en marzo de 2015, asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la recomendación 28/2016 enviada al secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador Carlos Mendoza Davis, el organismo nacional señala que al trasladarlos fuera de Baja California Sur no se atendió ni consideró su condición de vulnerabilidad, aun cuando entre ellos había menores de edad.

En marzo de 2015, la dependencia federal informó del rescate de unos 200 jornaleros agrícolas –entre los que se encontraban niños y mujeres– originarios de la sierra Tarahumara, y quienes eran víctimas de explotación, reclutados con engaños en el municipio de Creel, Chihuahua, para trabajar para la empresa Corporativo El Cerezo, Sociedad Agrícola.

Entre los delitos que pueden configurarse por estos hechos están trata de personas, privación de la libertad, explotación laboral e infantil e incluso violaciones de los derechos humanos.

La CNDH afirma que los trabajadores indígenas fueron sacados de Baja California Sur sin base legal que soportara las acciones de las autoridades, tanto federales como estatales, a pesar de que había investigaciones ministeriales del fuero común en trámite, que algunos de ellos podrían haber sido víctimas de algún delito y se encontraban menores de edad entre ellos.

En sus responsabilidades, la STPS omitió velar por el respeto de los derechos laborales, en agravio de los jornaleros rarámuris, tampoco brindó atención, asesoría y orientación en el ámbito de su competencia a los dos jóvenes que escaparon del lugar donde se encontraban recluidos y quienes dieron a conocer el caso.

Igual circunstancia ocurrió con el gobierno estatal, donde la Procuraduría General de Justicia local omitió dictar medidas de protección y seguridad inmediata, inclusive en favor de niñas, niños y adolescentes por este caso.