La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) emitió medidas cautelares para que los gobiernos estatal y del municipio de Badiraguato garanticen los derechos de más de 200 familias de las comunidades de Arroyo Seco, La Palma y La Tuna que abandonaron sus viviendas por la violencia armada.

El ombusdman José Carlos Álvarez Ortega condenó la violencia que viven los habitantes de esas comunidades serranas, y apremió a las autoridades para que les faciliten a las familias desplazadas el acceso a programas de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento dignas.

Es necesaria la intervención e implementación de acciones urgentes para proteger los derechos humanos de aquellas personas víctimas de actos violentos que tengan que dejar sus hogares y emigrar en busca de un lugar seguro para vivir, expresó en un comunicado.

Solicitó también un censo de todos los afectados en esa zona, clasificándolos por sexo, edad, niños y adultos mayores para su debido control y seguimiento, a quienes se pueda dar información oportuna de la situación real de violencia que impera en sus comunidades.