El grupo de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados se pronunció en favor de la controversia constitucional iniciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Código de Justicia Militar y el Código de Procedimientos Penales Militares, porque ambos ordenamientos podrían enmarcar un cúmulo de violaciones a las garantías individuales, y porque no se específica la función de las fuerzas armadas en actividades que corresponderían al ámbito civil.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en San Lázaro, y su compañero Víctor Sánchez secretario de la Comisión de Justicia, coincidieron con el órgano defensor de derechos humanos (que controvirtió las normas aprobadas por el Congreso federal) porque “se rebasa en distintas tareas la actuación de las autoridades civiles, y manifiestan –ambas leyes– elementos de impunidad que favorecerían a los militares”.

Castañeda refirió que la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos enviaron observaciones al Congreso que advertían de los riesgos legales que habrían de correrse si los legisladores aprobaban las dos leyes citadas en el combate de las fuerzas armadas contra el delito.

Ambas instancias fueron ignoradas, y por mayoría, PRI, PAN y PRD concedieron terreno a la impunidad, que podría derivarse de ciertas acciones de las fuerzas armadas.

Víctor Sánchez, abogado y ex subprocurador del estado de Jalisco, refirió que los ordenamientos aprobados, y ahora controvertidos legalmente por la CNDH propiciarían impunidad, porque se otorga a los juzgados militares facultades que sobrepasan hasta el mismo ámbito civil.

Cuando hay tortura, refirió, tendría que conocer un juez civil y no un militar, porque protegería a los militares; y en cuanto a las intervenciones telefónicas privadas y cateos, hasta encontramos que un militar puede revisar vehículos y personas sin orden expresa de un juez. Esto, reitero, en las leyes civiles no existe, pues se sobrepone la presunción de inocencia.

Dijo que, probablemente, al violentarse los derechos humanos, la Suprema Corte “declarará inconstitucionales los artículos controvertidos.

Existen suficientes evidencias para modificar los artículos que contemplan actos donde presumiblemente podrían violarse las garantías individuales; la CNDH hizo lo correcto al presentar una controversia constitucional, y estoy seguro de que la Suprema Corte declarará, esos artículos, inconstitucionales.