La reforma constitucional en materia de seguridad pública, aprobada el viernes pasado, por la que se establece un mando mixto policiaco no resuelve el grave problema de inseguridad del país, pero sí es un primer paso que hay que dar para sanear, capacitar y profesionalizar a las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, expuso el senador Alejando Encinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, una de las dictaminadoras.

Igualmente, los presidentes de Puntos Constitucionales y de Justicia, el priísta Enrique Burgos y el panista Fernando Yunes, resaltaron que en lugar del mando único policial, a cargo de los gobernadores, como se proponía en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se optó por un modelo mixto que preserva la función policiaca en los tres niveles de gobierno, y establece la coordinación entre todos.

Excepciones

Sólo de manera excepcional y temporal, la reforma constitucional permite que se quite la tarea de seguridad pública a algún estado o municipio que no esté en capacidad de hacerlo o que haya incumplido con las nuevas reglas sobre certificación y depuración de sus cuerpos policiacos.

Ello por petición del Presidente de la República, algún gobernador o el propio edil del ayuntamiento en cuestión, pero será el secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad el que determinará su procedencia, la temporalidad, así como los requisitos para que la entidad o el ayuntamiento respectivo, rea­suman sus tareas policiales.

Encinas y Yunes recordaron que el Presidente de la República presentó la iniciativa, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que uno de los puntos centrales fue permitir que el gobierno federal pudiera disolver aquellos ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado, punto que se eliminó de la reforma.

La reforma faculta al secretariado ejecutivo a intervenir corporaciones policiacas estatales o municipales, cuando haya graves alteraciones de la paz social o con problemas que afecten la prestación de la función de seguridad pública, pero se requerirá la aprobación del Senado, cuando se trate policías estatales y de los congresos locales para el caso de ayuntanientos.

Se crea un nuevo sistema de seguridad pública, integrado por un consejo nacional que contará con un secretariado ejecutivo. El titular de éste será nombrado por el Presidente de la República y ratificado, vía mayoría calificada, por el Senado. Entre sus funciones está verificar la evaluación y certificación de las corporaciones policiacas y de aprobar los casos de excepción en que las policías estatales actúan bajo el mando de las federales o la policía estatal asuman el mando en algún municipio.

Encinas recalcó que parte importante de la reforma a seis artículos de la Constitución –21, 73, 76, 115 , 116 y 123– es la incorporación de componentes de justicia social, entre ellos el llevar a la Carta Magna la obligación de dar salarios dignos y prestaciones a los policías, lo que es fundamental sobre todo en el caso de los municipales, que carecen de servicio médico o de derecho a aguinaldo.

Estímulos y recompensas

La minuta aprobada a la medianoche del viernes establece mecanismos de evaluación que incorporan estímulos y recompensas para el personal. En un transitorio se ordena que, una vez promulgada la reforma, deberá aprobarse una ley general en la materia en la que se defina un sistema nacional de carrera policiaca.

Se trata de un servicio profesional donde la selección, evaluación, reconocimiento, cer­tificación, estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario, será homogéneo para las policías federales, estatales y municipales, recalcó Encinas, quien dijo que confía en que la reforma esté lista a fin de año, luego de pasar por la Cámara de Diputados y los congresos locales.