Quintana Roo, uno de los principales polos turísticos de México, tiene un grave problema de violencia contra las mujeres, superior incluso al de Ecatepec, si se compara el tamaño de la población de ambas zonas.

En 2015, por ejemplo, en el municipio mexiquense (con 1.7 millones de habitantes) fueron interpuestas 78 denuncias por violación sexual, la mayoría en contra de mujeres, mientras en Benito Juárez (Cancún), con una población aproximada de 760 mil habitantes, fueron 286.

En Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, otro importante centro turístico, con alrededor de 200 mil habitantes, la Secretaría de Gobernación registra 87 denuncias.

Quintana Roo tiene un caldo de cultivo no sólo para el crecimiento de los feminicidios, sino para disparar el resto de los indicadores delictivos, advirtieron representantes de grupos civiles.

Celina Izquierdo, investigadora y activista en Quintana Roo, advirtió acerca del crecimiento de ese caldo de cultivo que afecta principalmente a mujeres de entre 24 y 29 años, víctimas de violencia sexual y/o intrafamiliar.

Subrayó que persisten la impunidad y la falta de protocolos de investigación ministerial. La prueba está en que ninguno de los casos de violencia de género con consecuencias fatales ha sido calificado de feminicidio, pese a que está tipificado en el Código Penal estatal.

“En Ecatepec hay muchos más (casos) por el tamaño de su población, pero si hablamos en (términos de) tasa (agresiones por cada 100 mil habitantes), en Quintana Roo tenemos una tasa 10 puntos por arriba de cualquiera (…) Aquí hay violencia feminicida institucionalizada y de revictimización”, dijo.

Izquierdo, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género y el observatorio urbano local, explicó que en esta entidad van al alza todos los precursores de violencia: robo en sus diversas formas, trata de personas, consumo de alcohol y drogas, así como violencia sexual y familiar; sin embargo, el presupuesto para atender el fenómeno va a la baja.

Entre los generadores de esta situación no sobresale la pobreza en sí misma, sino la desigualdad en ingreso; además, la migración y el hacinamiento sin el soporte de una política pública. El plan municipal de desarrollo en Cancún y el estatal sólo mencionan una vez el tema. Igualmente, las estrategias de salud se enfocan, por criterios políticos, en el sur del estado, y no en el norte, donde está el grueso de la población.

“En materia de violencia sexual, desgraciadamente, somos desde hace muchos años el primer lugar entre las principales ciudades de la República y, evidentemente, de todos los estados, en especial Cancún y Playa del Carmen.

Sin embargo, no conozco una sola política pública que se haya aplicado para disminuir el problema; por el contrario, se han quitado recursos para atender los delitos sexuales, señaló en entrevista con La Jornada.

En Quintana Roo, explicó, hay también desesperanza, derivada de migración sin expectativas, y muchas personas con depresión no atendida. El sector público tiene sólo tres siquiatras para todo el estado.

Al igual que otras 15 entidades, Quintana Roo se halla en la mira del sistema nacional que atiende el problema. En diciembre de 2015 grupos civiles presentaron la denuncia para que se emitiera la alerta de género.

Con el nuevo reglamento, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres admitió la solicitud e instaló el grupo multidisciplinario, el cual hizo una investigación documental y de campo. El informe fue entregado a la Secretaría de Gobernación en febrero pasado y, tres meses después, se canalizó al gobierno de Quintana Roo, el cual presentó un plan de trabajo débil, en opinión de los especialistas consultados.

El gobierno saliente de Roberto Borge (PRI) y el entrante de Carlos Joaquín, surgido de una alianza PAN-PRD, deberá responder, en el segundo semestre del año, con acciones concretas para atender las deficiencias institucionales y la problemática social.