n México tenemos regiones muy dinámicas en el norte y en el Bajío, plenamente insertadas en la economía global, con sectores orientados a la exportación, con altas tasas de crecimiento y productividad, y que generan empleos de calidad y valor agregado. Al mismo tiempo, tenemos una región en el sur del país, que se ha ido rezagando, que se dedica a actividades más tradicionales, con baja productividad, tasas de crecimiento negativas y alta informalidad laboral.

Hoy, la mitad de la población de los estados del sur se emplea en sectores tradicionales, como la agricultura, el turismo y comercio al menudeo, el doble que en el norte y Bajío. En contraste, sólo 9 por ciento se concentra en actividades de mayor valor agregado, como las manufacturas, muy por debajo de 23 por ciento observado en las regiones más desarrolladas. Esto nos lleva a que un trabajador del norte-Bajío produce 2.3 veces el valor de lo que genera uno en el sur.

Esta situación, lejos de estarse corrigiendo, se ha ido agravando a lo largo de las recientes décadas. Entre 1980 y 2014, el PIB per cápita de los estados de la frontera norte y Bajío creció 51 por ciento, mientras que en los estados del sur esta cifra apenas fue de 9 por ciento, es decir, menos de una quinta parte. El país se está partiendo en dos.

En poco más de dos décadas (1990-2014) el norte y Bajío han logrado reducir su incidencia de pobreza en 13 puntos porcentuales y sólo tres de cada 10 personas permanecen en esta condición. Por su parte, siete de cada 10 personas prevalecen en esta situación en el sur, proporción que se ha mantenido prácticamente constante desde 1990. Lo anterior, a pesar de que el gasto social ha crecido, por ejemplo en el caso de Chiapas, más de 23 por ciento anual promedio real entre 1998 y 2015.

Históricamente la respuesta del Estado para afrontar esta situación ha sido claramente insuficiente. El gasto asistencial que ha crecido de manera significativa no ha logrado revertir la realidad económica en esta región. En su lugar, se requiere una nueva estrategia que integre a los estados más rezagados del país en la dinámica de competitividad, desarrollo industrial y productividad, en la que ya se encuentran muchas entidades.

Bajo esta nueva visión, se llevó a cabo una revisión muy amplia y profunda de cómo han funcionado las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el mundo, instrumento de desarrollo regional deliberado que tres de cada cuatro países han aplicado, y que bien planteadas han generado crecimiento y bienestar. Cabe mencionar que en México nunca se ha intentado en el pasado una estrategia de esta naturaleza.

De la revisión de más de 4 mil ZEE existentes alrededor del mundo, entre las que se encuentran tanto éxitos como fracasos, se aprendieron tres grandes lecciones.

Primero. Las ZEE deben desarrollarse bajo un enfoque integral para que propicien un desarrollo equilibrado, incluyente y sustentable en sus regiones. No basta con incentivos fiscales, laborales o aduaneros, éstas deben proveer de toda la infraestructura económica (tangible e intangible), social y urbana para que sean atractivas tanto para las empresas –porque incrementan su competitividad– como para la gente –porque mejoran su calidad de vida.

Segundo. Se trata de un esfuerzo público-privado, en el que el gobierno ponga las bases para atraer y mantener inversiones privadas. Sólo así lograremos que estas zonas propicien el desarrollo de sectores de alta productividad y con empleos mejor remunerados.

Tercero. Se requiere una visión de largo plazo. Las ZEE tardan entre cinco y 10 años en comenzar a madurar, por eso deben sentarse bases institucionales que garanticen la continuidad de esfuerzos del sector público para su consolidación, más allá de los periodos de gobierno federal, estatal y municipal. Esto generará certidumbre a la inversión y propiciará que sus proyectos productivos también tengan un horizonte de largo plazo.

Como resultado de esta revisión, en septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de ley para crear por primera vez las Zonas Económicas Especiales en nuestro país. Dicha iniciativa no sólo recogió estas lecciones internacionales, sino también retomó elementos de iniciativas de la misma naturaleza enviadas previamente al Congreso, y fue el fruto de acercamientos con el sector privado y la asistencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard.

En su paso por el Congreso de la Unión, esta iniciativa fue enriquecida y aprobada por los legisladores, de tal suerte que en este momento tenemos en México una gran oportunidad para aprovechar un marco legal sólido que: i) brinda certidumbre a la inversión, ii) promueve el desarrollo regional, iii) cuenta con instrumentos rectores con visión a largo plazo, iv) permite crear un paquete de estímulos a la medida de cada zona, y v) garantiza la transparencia y la rendición de cuentas.

Cabe señalar que esta ley incorporó conceptos innovadores como un área de influencia, figura no vista en otras leyes del mundo, que permitirá vincular cada zona con su región para potenciar sus impactos económicos y sociales. También extiende los beneficios de la Ventanilla Única de trámites hacia dicha área de influencia, lo que coadyuvará a la competitividad de toda la región y potenciará el encadenamiento productivo en torno a las Zonas Económicas Especiales.

Ahora viene un riguroso e intensivo proceso de aplicación de esta nueva estrategia en el que se requiere la activa participación de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad empresarial. La meta es que las primeras empresas ancla se instalen en 2018 en cada Zona Económica Especial prevista.

Esta es una oportunidad para que los estados más rezagados del país generen su propia riqueza; atraigan y concreten inversiones productivas; creen mejores empleos para sus habitantes. No puede haber dos Méxicos. Este es el momento para cerrar las brechas regionales que existen en nuestro país y que las oportunidades de desarrollo, prosperidad y bienestar estén al alcance de todos los mexicanos, sin importar la región en la que viven.

*Secretario de Hacienda y Crédito Público