ejos de amainar, el conflicto laboral generado por la aplicación de la reforma educativa se ha extendido y profundizado en semanas recientes. Entre ayer y el martes pasado los maestros inconformes y sus simpatizantes ocuparon la mitad de las alcaldías chipanecas y otras 22 en Michoacán, donde protagonizaron además bloqueos carreteros y tomas de casetas; se instalaron en plantón permanente en la plaza central de Villahermosa; efectuaron marchas en la capital del país y en la de Guerrero, en la cual cerraron los accesos al palacio municipal; bloquearon una carretera en Oaxaca y retuvieron allí a siete policías estatales que pretendían infiltrarse en sus movilizaciones. Por añadidura, en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez tuvo lugar un enfrentamiento entre docentes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Un denominador común de las distintas entidades donde se desarrolla el conflicto es la adhesión de diversas organizaciones sociales y comunitarias a la causa magisterial y la articulación de la confrontación entre la CNTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los problemas locales. Por otra parte, el diferendo ha creado un campo fértil a agresiones como la que tuvo lugar en Comitán el martes pasado, cuando varios profesores fueron rapados por un grupo de individuos que posteriormente se identificaron como comerciantes ambulantes cercanos a la presidencia municipal de esa ciudad.

En suma, las sanciones y los despidos aplicados por la SEP en contra de los maestros que rechazan la evaluación prescrita en la reforma educativa y que participan en los paros no sólo no han reducido la resistencia magisterial, sino que la han enconado y ramificado. Los mentores, por su parte, no han logrado que el gobierno federal se mueva un ápice en su determinación de aplicar la reforma educativa a como dé lugar y sean cuales sean las consecuencias.

Todo ocurre con un telón de fondo caracterizado por conflictos sociales de diversa índole, agravios vivos y ofensas no resueltas, y en medio de un creciente escepticismo social frente a la capacidad de las instituciones para resolver los principales problemas del país.

La volatilidad de esta combinación es insoslayable y debiera llevar a la disidencia magisterial a una máxima contención, y a las autoridades a un compromiso inmediato con una política de distensión.

A menos que se apueste por escenarios de incendio social y de represión masiva, resulta urgente que ambas partes acepten comenzar un proceso de diálogo sin condiciones previas en el que concedan, unos, moderar sus demandas, y los otros, realizar modificaciones en la impugnada normativa con la que se pretende regir la relación laboral entre los profesores y el Estado.

En este espíritu es necesario que se contengan las voces que desde los medios atizan el conflicto y buscan crear un clima de linchamiento social en contra de los docentes inconformes, y que se prescinda de la retórica antigubernamental en el entorno de las organizaciones y movimientos sociales que apoyan al magisterio movilizado. El exacerbar los ánimos en la presente circunstancia no conducirá al triunfo de ninguna de las partes sobre la otra y puede causar, en cambio, un daño mayúsculo a la precaria estabilidad institucional del país.