l intervencionismo en los asuntos de Venezuela que practica la mayor parte de la clase política madrileña alcanzó un nuevo grado de despropósito ayer, cuando el presidente en funciones del gobierno, Mariano Rajoy, convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de España para abordar la situación en ese país sudamericano. Las autoridades madrileñas aducen su preocupación por los cerca de 200 mil ciudadanos españoles que residen en territorio venezolano, pero lo cierto es que el conflicto político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que intenta derrocarlo no representa una amenaza particular para esa comunidad ni constituye peligro alguno para la seguridad nacional de España.
En tales circunstancias, la inclusión de la crisis de Venezuela entre los asuntos de seguridad nacional
sólo puede verse como un recrudecimiento del injerencismo en ese país, un intento por atizar y magnificar la inestabilidad en un país soberano y una medida electorera a fin de mejorar las posibilidades del Partido Popular (PP), del propio Rajoy, en los comicios programados para el próximo 26 de junio.
Es pertinente recordar que las dirigencias del PP y de Ciudadanos (centro derecha) buscan reducir los márgenes de preferencia ciudadana del partido Podemos asociándolo al gobierno venezolano, maniobra que repite también Felipe González, político emblemático del Partido Socialista Obrero Español. Tanto González como Rajoy y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, participan actualmente en una intensa campaña mediática de promoción de los opositores venezolanos y denostación del gobierno de Caracas.
Esas jugadas propagandísticas vienen precedidas de una ya larga historia de graves actos de injerencia de autoridades y políticos españoles en contra del gobierno del difunto Hugo Chávez, como el papel que desempeñó el gobierno de Madrid en la legitimación del intento de golpe de Estado de abril de 2002.
Tal actitud, por lo demás, no se ha limitado sólo a las relaciones con Venezuela; funcionarios, dirigentes y medios informativos peninsulares han mantenido una hostilidad general y constante en contra de gobiernos y movimientos progresistas en América Latina. La razón de esas intromisiones ha sido la defensa de los intereses de las transnacionales españolas que operan en el subcontinente –energéticas, constructoras, financieras, entre otras– y la preservación de sus prácticas abusivas.
Para ponderar lo inadmisible y hasta grotesco de ese intervencionismo basta con imaginar la reacción de la ciudadanía española si un gobierno latinoamericano –el de Venezuela, por ejemplo– decidiera apoyar activamente los procesos independentistas de Cataluña y el País Vasco.
Los buenos oficios de personalidades o instancias extrajeras son positivos y saludables cuando las partes en conflicto de un país se ponen de acuerdo para convocarlos, como ocurre actualmente con la gestión que realiza en Caracas el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En cambio, los desfiguros del gobierno de Rajoy y los viajes provocadores a territorio venezolano de individuos como Felipe González y Albert Rivera constituyen actos de intervencionismo contrarios a la legalidad internacional, el sentido democrático y el respeto a la soberanía nacional de los países.
