a Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México informaron ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió ampliar en 21 mil millones de dólares la línea de crédito para el país, lo que eleva a 88 mil millones de dólares el monto disponible en caso de que se requiera hacer frente a alguna contingencia económica.
Como suele ocurrir con este tipo de anuncios, la ampliación de la línea de crédito ha sido presentada por el gobierno como muestra de la solidez
de la economía nacional y como reconocimiento al manejo de las finanzas públicas. No obstante, el historial de los organismos financieros internacionales en economías periféricas y dependientes, como la nuestra, obliga a hacer un matiz: el reconocimiento, en todo caso, es a la disciplina que han mostrado las recientes administraciones federales al aplicar la preceptiva neoliberal que preconiza el organismo dirigido por Christine Lagarde.
En efecto, desde hace más de tres décadas, el FMI junto con el Banco Mundial han dictado la apertura comercial indiscriminada e inequitativa, el achicamiento del Estado, la supresión de programas de bienestar, el congelamiento salarial, la flexibilización
laboral –es decir, la reducción de derechos y de conquistas laborales–, la eliminación de subsidios al campo y a la industria, así como la abolición de legislaciones regulatorias que pudieran interferir en el saqueo de recursos naturales, en la desbocada especulación financiera y en el allanamiento de los mercados nacionales por empresas trasnacionales.
Ciertamente, en un contexto de globalización económica como el presente, no sería viable desvincularse por completo de aquellos organismos financieros. En cambio, el sentido de Estado más elemental aconseja acotar su actual injerencia de los mismos en el diseño de la política económica. Nuestro país, sin embargo, no sólo ha mantenido y profundizado el programa de privatizaciones y apertura de mercados que preconiza el FMI, sino que en años recientes ha incrementado las aportaciones monetarias a la entidad financiera internacional.
Por otro lado, es importante precisar que la ampliación de la línea de crédito para México no implica necesariamente un indicador de consolidación de la economía nacional, sino incluso lo contrario: en un entorno caracterizado por el incremento exponencial de la deuda pública en general, y la externa en particular, el incremento de recursos mencionado abre aún más los márgenes para acrecentar los débitos del país en divisas extranjeras.
Lo anterior es particularmente significativo en momentos en que la deuda externa del gobierno federal (unos 173 mil 924 millones de dólares a finales de marzo) ha cuadruplicado el monto de 2008 y representa actualmente más de 16 por ciento del producto interno bruto nacional. Ese indicador se traduce en una carga concreta para las finanzas públicas, los causantes y la población en general.
Es de suponer, en suma, que si los vaivenes económicos mundiales hicieran necesario que México usara su línea de crédito ante el FMI, ello se traduciría en una cuota adicional de sacrificio para la población: a fin de cuentas, los recursos requeridos para hacer frente a esos compromisos provienen en buena medida de los impuestos que pagan los ciudadanos y que el Estado podría destinar, en otras circunstancias, a gasto social, infraestructura y a inversiones para generar empleos.
