a Secretaría de Educación Pública (SEP) informó ayer que mil 134 maestros serán dados de baja en Chiapas, al cumplir cuatro faltas consecutivas injustificadas en menos de 30 días. Estos despidos se suman al cese masivo anunciado la víspera por el titular de la dependencia, Aurelio Nuño, en perjuicio de 3 mil 119 profesores en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Semejante decisión se inscribe en el contexto de un recrudecimiento reciente del conflicto magisterial que se mantiene intacto, a pesar de que las autoridades han intentado minimizarlo e incluso darlo por concluido. Unas horas antes del cese anunciado, los maestros tuvieron que desalojar un plantón que desarrollaban en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación –y que trasladaron a las oficinas de la SEP–, frente a temores de un posible desalojo violento.
A estas alturas, el conflicto magisterial ha ratificado su condición de polvorín social, y da la impresión de que bastaría una chispa para que se convierta en una situación de mayor envergadura. Es por ello preocupante que las autoridades educativas del país sigan sin atender las numerosos llamados al diálogo que han surgido desde el magisterio disidente, como han venido insistiendo los dirigentes de las entidades en conflicto, y antes al contrario incurran en medidas como los despidos masivos y los desalojos, que resultan indistinguibles de la provocación. El colmo de esta actitud se presentó la tarde del jueves, cuando el titular de la SEP llegó al extremo de afirmar que esa dependencia cuenta con 26 mil profesores para remplazar a los disidentes, afirmación que en nada abona a la solución de las diferencias.
No puede soslayarse que una parte central del conflicto magisterial en curso se debe a la forma equívoca y tramposa en que fueron efectuadas las modificaciones legales presentadas como reforma educativa
, pero que en realidad no tienen el propósito de mejorar la calidad ni las circunstancias de la educación pública, sino liquidar derechos laborales adquiridos por el gremio magisterial.
En tal circunstancia, es claro que la única vía deseable para resolver la tensión es el inicio de un diálogo sin condiciones previas entre el gobierno y el magisterio disidente que permita la revisión de sus respectivas posiciones y conlleve a la negociación de soluciones al conflicto basadas en las concesiones de ambas partes. Hasta ahora, pese a lo que insista la administración federal, los mayores gestos de distensión han sido dados por los inconformes.
Es claro, por lo demás, que el sector educativo está minado por problemas y desacuerdos en diversos niveles y dimensiones, incluido el frente que se mantiene abierto en el Instituto Politécnico Nacional y el sistemático descontento en las normales rurales. Todos esos factores de tensión, sin embargo, pueden ser resueltos con la misma fórmula: emprender un proceso de diálogo orientado a configurar, con participación de todos los sectores involucrados, una política de educación pública capaz de ser punto de consenso nacional y no, como ocurre ahora, fuente de conflictos. Por lo contrario, de mantenerse la postura beligerante y sorda de las autoridades, la disputa actual se profundizará, extenderá y ramificará hasta el punto de hacer imposible e impensable toda posibilidad de solución política y civilizada.
