na Buquet Corleto, directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, advirtió ayer que la iniciativa de reforma presentada por el presidente Enrique Peña Nieto para el reconocimiento legal pleno de los matrimonios entre personas del mismo sexo sólo erradicará prácticas discriminatorias si viene acompañada de políticas públicas dirigidas a escuelas, medios de comunicación y otras instituciones. La académica enfatizó que la modificación a las leyes representa un avance, pero que el reto más complejo se encuentra en el cambio de mentalidad de individuos y sectores conservadores que buscarán obstaculizar, en la práctica, la igualdad que se consagre en los códigos.
El pasado 17 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el Ejecutivo federal anunció una serie de medidas para garantizar el derecho al matrimonio igualitario y poner fin a la discriminación por motivo de identidad y preferencias sexuales. Entre las reformas legales presentadas en la reunión del Presidente con integrantes de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (Lgbti) se encuentran otras reivindicaciones de este colectivo, como el reconocimiento del cambio de género en documentos oficiales.
Sin duda debe saludarse que las autoridades federales finalmente decidieran activar el proceso para erradicar a escala nacional la situación discriminatoria que prevalece hasta hoy, la cual no sólo perjudica a parejas del mismo sexo, sino a toda la sociedad, al ser la expresión legal de un dictado religioso inadmisible en un país de instituciones y legislación seculares. Este rescoldo de visiones eclesiásticas en la organización de la vida pública ha propiciado el surgimiento de ámbitos de marginación, limbos legales y penurias inadmisibles para todas aquellas personas que se encuentran fuera del patrón de conducta heterosexual.
Es motivo de satisfacción, asimismo, que el gobierno federal haya decidido promover esta iniciativa, impulsada por las izquierdas desde los ámbitos de gobierno y representación que han alcanzado. Como se recordará, el 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones al Código Civil local que garantizan el matrimonio igualitario en la capital del país. Asimismo, la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentó desde diciembre pasado una iniciativa con el mismo objetivo que la dada a conocer por el Ejecutivo federal esta semana.
Sin embargo, lo positivo del anuncio no resta pertinencia a lo señalado por el PUEG: sin políticas públicas coherentes en todos los ámbitos y en los tres niveles de gobierno se corre el riesgo de que las reformas se transformen en letra muerta en las zonas de fuerte presencia conservadora. En esas regiones pueden suscitarse escenarios en que la condena y el acoso de la sociedad desempeñen el factor de exclusión, ahora operado por la legislación discriminatoria. Asimismo, se abriría la posibilidad de desencuentros indeseables entre las comunidades de la diversidad y sectores tradicionalistas.
En suma, además de la iniciativa legal es necesaria una decidida voluntad política para educar en el respeto a la diversidad y los derechos humanos elementales a una sociedad con enquistados remanentes conservadores e incluso cavernarios.
