n el contexto del paro de 24 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los maestros afiliados a esa organización o sus simpatizantes realizaron ayer acciones de protesta en varias entidades –tomas de casetas, carreteras, edificios públicos y estaciones de radio; concentraciones y marchas–, principalmente en Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, en demanda de que se revierta la reforma educativa aprobada a finales de 2013 y principios de 2014 y de que se cancele el procedimiento de la evaluación de docentes aplicado por el gobierno federal.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que se descontará el día a los mentores que no asistieron a laborar y se dará de baja a quienes asistan a las movilizaciones por más de tres días. El funcionario dijo asimismo que no está a discusión la permanencia de la reforma educativa ni de las evaluaciones, por lo que la administración no dialogará en torno de esos asuntos.

En otro conflicto en curso en el sector educativo, que contrapone a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con las autoridades de la SEP, alumnos de esa institución se movilizaron ayer en esta capital hacia la residencia oficial de Los Pinos porque el secretario de Educación Pública no quiso dialogar con nosotros, en cuyos alrededores entregaron su demanda de que los cambios internos en el Poli sean decididos por el Congreso Nacional Politécnico sin injerencia del gobierno federal.

El movimiento estudiantil del IPN en demanda de autonomía comenzó hace casi dos años; el conflicto entre los maestros disidentes y el gobierno empezó antes, en 2013, cuando se inició el trámite legislativo de aprobación de la reforma educativa. El primero pareció entrar en un cauce de solución a finales de 2014 y apenas hace dos meses se reactivó; el segundo, en cambio, se ha mantenido tres años y ha desembocado en enfrentamientos indeseables. Sin embargo, las autoridades se mantienen inamovibles en su determinación de aplicar la reforma educativa y las evaluaciones, en tanto los mentores no han variado su exigencia de que ambas sean canceladas. Nada permite pensar que, en el rumbo actual de los sucesos, una de las partes vaya a ceder en sus posturas.

En tal circunstancia, es claro que la única vía deseable para resolver el impasse actual es el inicio de un diálogo sin condiciones previas en el que el gobierno y el magisterio disidente revisen sus respectivas posiciones, hagan acopio de voluntad y flexibilidad y negocien una solución al conflicto basada en concesiones de ambas partes.

Es claro que el sector educativo está minado por problemas y desacuerdos en diversos niveles y dimensiones, incluido el del IPN y el de las normales rurales, y todos ellos pueden ser resueltos si se emprende un proceso de diálogo orientado a formular, con participación de todos los sectores involucrados, una política de educación pública capaz de ser punto de consenso nacional y no, como ocurre ahora, fuente de conflictos.

Es urgente, pues, convocar al diálogo. De otra manera la disputa actual se profundizará, extenderá y ramificará hasta el punto de hacer imposible e impensable toda posibilidad de solución civilizada, legal y sensata.