or segunda vez consecutiva se desarrolla en Tamaulipas una elección bajo el acoso de la delincuencia organizada. Como se recordará, dos semanas antes de los comicios de julio de 2010 el candidato priísta a la gubernatura del estado, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado junto con cuatro de sus colaboradores. Para entonces grandes regiones de la entidad se encontraban bajo el control de distintas facciones de la violencia criminal, las cuales libraban combates habituales entre ellas en diversos puntos del mapa tamaulipeco y los pobladores de varias localidades habían huido, dejando tras de sí pueblos fantasmas.

Da la impresión de que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, en lo que se refiere al vacío de autoridad. El sábado pasado, por ejemplo, agentes de la Policía Federal y el Ejército detuvieron al jefe de un grupo armado en posesión flagrante de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas; ayer domingo, el individuo fue liberado por policías estatales que alegaron haber recibido órdenes superiores para actuar en ese sentido. La captura provocó el bloqueo de la carretera Victoria-Monterrey en el municipio de Hidalgo.

Los fenómenos delincuenciales han contaminado de diversas maneras el escenario electoral: tres candidatos del Revolucionario Institucional a otras tantas presidencias municipales fueron marginados de la contienda por su propio partido, cuyo presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, los acusó de tener vínculos con la delincuencia organizada. Por añadidura, el tricolor afirma que la organización Columna Armada General Pedro José Méndez opera a favor de Acción Nacional y este partido ha interpuesto una demanda por difamación en contra de su aspirante a gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se señala de supuestas relaciones con el narcotráfico. De su lado, el Partido de la Revolución Democrática, de presencia marginal en el escenario político de Tamaulipas, pasa por conflictos intestinos entre aspirantes a alcaldes y la dirigencia estatal por dimes y diretes relacionados con la criminalidad.

En suma, de 2010 a la fecha la descomposición y el descontrol en Tamaulipas no sólo no han sido frenados sino que se han extendido hasta el punto de envenenar el proceso electoral en curso. Una parte sustancial de la responsabilidad por esa omisión corresponde, sin duda, al gobernador saliente, Egidio Torre Cantú, quien en 2010 suplió en la candidatura priísta a su hermano asesinado; pero es ineludible constatar que también las autoridades federales –las del sexenio pasado y las del presente– han sido incapaces de hacer frente a la expansión de la delincuencia organizada y a su infiltración en las instituciones, los procesos políticos, la economía y –lo más grave– el tejido social de la entidad. Si en Michoacán el ex comisionado Alfredo Castillo simuló una normalización del estado de derecho, en la entidad nororiental no se hizo ni siquiera eso.

Los resultados de la inacción están a la vista, requieren de decisiones urgentes y cruciales y arrojan una moraleja desconsoladora: no basta con dejar de mencionar los problemas para que éstos se resuelvan.