Anoche, la Asamblea General Politécnica (AGP) aprobó llevar mañana lunes un documento dirigido al presidente Enrique Peña Nieto en el que le piden una aclaración sobre los motivos que llevaron a que el pasado 6 de abril se publicara el acuerdo que adscribió al Instituto Politécnico Nacional a la Subsecretaría de Educación Superior, así como por la aclaración del 13 de ese mes que dejó al instituto en la oficina del Secretario de Educación Pública.

Los politécnicos esperan que el Ejecutivo responda aunque sea por escrito para levantar los paros que se mantienen desde hace cuatro semanas.

La asamblea consideró que aquellos acuerdos generaron “además de incertidumbre y malestar en la comunidad estudiantil, un movimiento en el momento en que en el Poli, se encuentra celebrando un proceso de elección democrática de representantes de estudiantes, docentes y trabajadores para la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico”.

Dijeron que esa explicación fue pedida ya al titular de la SEP, Aurelio Nuño, y al director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht.

En el texto que llevarán a las 13 horas a la residencia oficial de Los Pinos, aseguran que Nuño y Fernández se limitaron a explicar la parte jurídica, y aunque ambos aseguraron que no implicaría cambios a la normatividad, el titular de la SEP, no aclaró por qué en un momento importante e histórico para el Poli, sin consultar a su comunidad y respetarla sobre lo concerniente a ella, comete errores y los corrige, violentando los acuerdos signados” por la asamblea y el gobierno federal al final del paro de labores de 2014.

“La pregunta obligada por los errores es: ¿ratifica usted, señor Presidente, los ocho acuerdos firmados (en 2014) por sus representantes, asumiendo con ello que su gobierno los hará respetar y girará instrucciones para que los miembros de su gabinete hagan los mismo, hasta que culmine el Congreso Nacional Politécnico, respetándolo y evitando intromisiones?

El lunes, los estudiantes ofrecerán una conferencia de prensa para hablar de la posibilidad de que las autoridades politécnicas interpongan denuncias penales contra jóvenes que han participado en los paros.