onforme a las presiones de Estados Unidos, la administración colonial de México transfirió a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a una deficitaria cárcel federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejándolo a unos pasos físicos de ser extraditado. La colocación fronteriza del principal jefe mexicano del Crimen Políticamente Organizado fue acompañada, horas después, por una denotativa resolución judicial en pro de entregar a las autoridades del vecino país al sinaloense especializado en fugas subterráneas.

El descarado movimiento penitenciario, preludio de resoluciones ya acordadas, constituye una confesión de incapacidad del equipo que gobierna México, inhabilitado para garantizarse el mantenimiento del reo non en una penitenciaría de máxima seguridad. También es un doblegamiento explícito de Los Pinos ante el interés de Washington (sea quien fuere el ocupante formal del poder ejecutivo) de hacerse de un testigo y partícipe de primera línea de los trasiegos criminales que han constituido una fuente muy importante de constitución de los poderes públicos mexicanos y de la conversión de estos en instrumentos al servicio de esos cárteles dominantes.

El retorcimiento de leyes y procesos jurídicos para complacer al vecino imperioso no es lo peor, siendo grave. Resulta grotesco mover a El Chapo con los pretextos infantiloides de reparaciones y mantenimientos en la prisión de El Altiplano y de rotaciones para impedir nuevos escapes, pero muy dañina para el interés nacional será la entrega a Estados Unidos de un narrador clave de los entendimientos entre políticos y capos para sostener el negocio casi institucionalizado del narcotráfico y de vertientes similares. Faltan, es cierto, escaramuzas legales, comenzando por la decisión de Guzmán respecto de buscar la protección de la justicia federal, en una solicitud de amparo que puede retardar su entrega a EU, aunque amenazado extraoficialmente con acciones de sus adversarios históricos en el cártel de Juárez, que tuvo como máxima figura al Señor de los cielos, Amado Carrillo. Tardarse en el regateo jurídico significará para Guzmán Loera alargar el periodo de riesgo en la Ciudad Juárez absolutamente contraria a los intereses del cártel de Sinaloa.

Con un declarante cantarín como El Chapo (se le espera en EU a más tardar a fin de año), Washington tendrá historias suficientes para acometer contra el poder presidencial peñista, si éste presentara alguna reticencia menor en el proceso de desmantelamiento del país, e incluso para desestabilizar y ensombrecer próximas administraciones federales, soltando dosificadamente datos de los que proporcione el mencionado Chapo, quien está buscando una negociación con el vecino norteño para suavizar su condena a cambio de dar información sobre lo que ha visto y vivido en México.

El pasado 27 de abril, conforme al oficio SEPLE./Adm./010/3439/2016, con folio 1594, el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación aprobó, por unanimidad de siete votos, aumentarse y otorgarse nuevos rubros de gastos, apoyos económicos y otros beneficios con cargo al presupuesto público.

La maniobra, que busca disimular que funcionarios del poder judicial federal llegan a tener ingresos por encima del propio presidente de la República, repartirá dinero a cuenta de gastos de alimentación, adquisición de bibliografía jurídica, revisión médica y vales de gasolina para diversos funcionarios superiores del Consejo de la Judicatura Federal y, en consonancia con esas medidas, se modifican los “Lineamientos para la comprobación, reembolso y pago de los apoyos económicos autorizados para magistrados de circuito, jueces de distrito y visitadores judiciales ‘A’ del Poder Judicial de la Federación”.

La medida entró en vigor este mayo, y para ello se pidió a los órganos administrativos correspondientes que se dote de recursos suficientes para cubrir los apoyos económicos. La notificación fue hecha por Gonzalo Moctezuma Barragán, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Los magistrados, jueces y funcionarios superiores de ese ámbito tienen camionetas blindadas, choferes y prestaciones sumamente onerosas para el erario.

Ana Lilia Pérez Mendoza y Thelma Gómez Durán investigaron para Newsweek en español las operaciones de un grupo compuesto, por lo menos, por 10 empresas que aparentan competencia para hacerse de licitaciones públicas, tanto en delegaciones de la Ciudad de México como en gobiernos estatales e instituciones federales, entre las que figuran Pemex, la SEP y el Issste. Se trata de un conjunto de firmas en las que aparece un mismo apoderado: Luis Francisco Molleda Cámara, un empresario originario de Tabasco, cuya red de relaciones toca a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y al ex vocero presidencial de Ernesto Zedillo, su primo Carlos Salomón Cámara (nswk.es/1TN1WXY).

Astillas

Cada vez son mayores las evidencias de que la crisis ambiental metropolitana y el constante daño a la cotidianidad de los habitantes de la Ciudad de México provienen de la criminal irresponsabilidad de autoridades que han importado gasolinas con inadecuadas proporciones químicas, que dañan la salud colectiva y muy probablemente reportan ganancias económicas a los depredadores que hacen negocios personales y grupales desde oficinas de gobierno… Si Manlio Fabio Beltrones no afianza el golpe efectista que dio en Tamaulipas contra candidatos de su partido comprados o amenazados por el narcotráfico, acabará beneficiando electoralmente al panista Francisco García Cabeza de Vaca, siempre y cuando los próximos comicios no terminen siendo definidos, como casi siempre en esa entidad tan fallida, por los cárteles y sus recursos armados… El titular de la SEP, Aurelio Nuño, endurece su postura política respecto de los politécnicos. No dialogará en los términos propuestos por ellos… Y, mientras Donald Trump busca nuevos ardides propagandísticos para sostener su ritmo de expectativas electorales, ¡hasta mañana!

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