amiliares de personas desaparecidas, trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y ciudadanos en general instalaron ayer un plantón junto a una de las fosas clandestinas descubiertas en noviembre pasado en Tetelcingo, Cuautla, para exigir que el gobierno estatal, encabezado por Graco Ramírez Garrido, y la Procuraduría General de la República (PGR) permitan a los especialistas de esa casa de estudios tomar muestras a los alrededor de cien cadáveres que permanecen en ese sitio, a fin de facilitar su identificación y entrega a los familiares. La acción fue decidida luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que esta misma semana sacaría los cuerpos y los volvería a enterrar en el panteón municipal de Cuautla.
La resistencia ciudadana ante la exasperante arbitrariedad de las autoridades locales y federales en este caso se ha fortalecido ante los señalamientos de organizaciones académicas y de la sociedad de que en al menos 11 cadáveres hay signos de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En noviembre pasado se informó a la opinión pública, tras una investigación independiente realizada por familiares del joven Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández (secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cadáver no fue entregado en su momento a los deudos), que la FGE había enterrado a unas 150 personas en el lugar citado, al margen de cualquier formalidad legal, sin registro alguno, o adosándoles un simple número de expediente, y en un lugar carente de las debidas autorizaciones municipales y sanitarias.
Que la autoridad constituida haya sido capaz de inhumar de forma clandestina a más de un centenar de personas a espaldas de los familiares, sin notificar al Registro Civil, sin acta de defunción, sin los protocolos forenses requeridos y en un predio no autorizado como cementerio, habría debido desencadenar una investigación penal inmediata y a fondo por el cúmulo de delitos que implica semejante práctica. Que hasta la fecha no haya ocurrido así es tan alarmante como las fosas clandestinas mismas, pues habla del cinismo institucional que se ha enquistado en el gobierno de Morelos y en las instancias federales de procuración de justicia.
Las autoridades de Cuernavaca –con la anuencia de las nacionales– se han atrincherado en argumentos tan inverosímiles como que los entierros clandestinos de Tetelcingo constituyen una fosa común
, que corresponden a difuntos no reclamados por nadie y que las gravísimas irregularidades cometidas son meros errores de procedimiento.
Pero las transgresiones perpetradas por la FGE constituyen un severo agravio a la sociedad, que se ahonda cada día, y una forma de acentuar la impunidad generalizada en esa y otras entidades. Morelos y el vecino Guerrero son estados tristemente prolíficos en secuestros no esclarecidos y desapariciones forzadas. La autoridad local ni siquiera sabe cuántos cuerpos depositados en Tetelcingo corresponden a víctimas de esos delitos y ahora, para colmo, se empecina en preservar la opacidad mediante un simple traslado, sin investigación alguna, de los que considera sus
cadáveres a un cementerio regular.
Una consideración sórdida, pero ineludible, es que semejantes prácticas gubernamentales no sólo ayudan a encubrir a los responsables de homicidios y desapariciones, sino crean un terreno propicio para la impunidad total de actos criminales cometidos por funcionarios públicos.
Una razón adicional para la alarma ante los hechos referidos es que no han dado lugar hasta ahora a un escándalo nacional e internacional, ni a movilizaciones sociales para exigir el esclarecimiento y las sanciones para los responsables de las inhumaciones irregulares en Tetelcingo. Ello habla, por desgracia, del avance de una postración moral y de una indeseable capacidad para habituarse a la arbitrariedad, el atropello y el colapso del estado de derecho en diversas entidades del país.
