n bloqueo con duración de más de 12 horas en la Autopista del Sol (México-Acapulco) concluyó la noche del jueves con un enfrentamiento entre policías y manifestantes, con saldo de 73 detenidos y una decena de lesionados. La víspera, los inconformes habían demandado una audiencia con el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, la entrega de diversos proyectos para la Sierra, la sustitución de sembradíos de amapola y la regulación de las concesiones, entre otros.

Luego del desalojo, el titular del Ejecutivo estatal afirmó que detrás de la inconformidad había intereses ocultos de gente armada y violenta, y que en el operativo fueron decomisados vehículos robados, armas largas y más de mil cartuchos. Fuentes policiales afirmaron que también se incautaron paquetes de polvo blanco similar a la cocaína.

Así, lo que en principio parecía ser un episodio más de inconformidad social, como los que campean a diario en la entidad y en el país, derivó en un asunto policial en el que las autoridades ponen en entredicho –mediante información confusa, poco clara y hasta inverosímil– su propia efectividad para mantener el estado de derecho en territorio guerrerense. No cabe suponer más que una ruptura generalizada de la legalidad cuando un grupo de inconformes se manifiesta, realiza un bloqueo carretero con armas largas y sustancias presumiblemente sicotrópicas. Si esa versión del mandatario estatal es cierta, se estaría ante la confirmación del clima de ingobernabilidad y ausencia del estado de derecho en Guerrero, entidad que adquirió proyección nacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre del año pasado en Iguala.

Por lo contrario, si la información difundida no es más que un intento por criminalizar una protesta social y legitimar excesos policiales y acciones represivas, se asistiría a un agravamiento de la descomposición institucional que se vive en la entidad. Por tentador que resultara efectuar un desalojo como el comentado, en el contexto de las afectaciones económicas que padece la entidad por la inseguridad –con una caída de 85 por ciento en el turismo internacional en Acapulco, por ejemplo–, nada puede justificar el uso excesivo de la fuerza pública contra un grupo de manifestantes, sobre todo cuando se ha sido incapaz de brindar seguridad a la población.

Es necesario demandar el pleno esclarecimiento de los hechos ocurridos el jueves en la Autopista del Sol, a fin de conocer hasta qué punto la versión de las autoridades es cierta o es un caso más de la distorsión con la que se busca legitimar la actuación de las instituciones policiales y militares. Pero sobre todo, es imperativo que las autoridades reconozcan que la

No habrá forma de restablecer plenamente el estado de derecho en la entidad mientras no se atiendan esas condicionantes estructurales.