El dictamen de las leyes generales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y de tortura se frenó ayer en el Senado a petición del gobierno federal, el cual formuló varias objeciones a ambos ordenamientos.

Desde temprano, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (SG), Felipe Solís Acero, se apersonó en el Senado para trabajar con las comisiones legislativas los dictámenes.

Las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y la de Estudios Legislativos originalmente iban a sesionar ayer martes por la mañana para aprobar los dictámenes, Sin embargo, de último momento la bancada del PRI solicitó tiempo para incluir las observaciones formuladas por el gobierno federal.

Hasta el cierre de esta edición aún no se reunían formalmente las comisiones dictaminadoras, ya que continuaban las negociaciones con Solís Acero.

En el caso de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, el gobierno pretende tres definiciones: una para las personas ausentes, otra para las que son localizadas y una más para las desaparecidas, mientras que en el dictamen los tres conceptos están en una misma categoría.

Ello implicaría reducir las cifras reales de personas que han sufrido desaparición forzada.

En la ley sobre la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, el gobierno insiste en establecer en el dictamen la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre dos tipos penales.

Es decir, que exista un delito de tortura y otro para los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a lo que se habían opuesto los integrantes de las comisiones dictaminadoras por considerar que eso podría dar pie a penas menores para torturadores al colocarlos en el segundo tipo penal.