Los jueces federales de amparo tendrán que dar vista, denunciar o poner en conocimiento del Ministerio Público o de las autoridades respectivas las violaciones a los derechos humanos de las que tengan conocimiento en el contexto de un juicio.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)estableció lo anterior ayer, en votación dividida de los ministros (seis a cinco), al resolver la contradicción de tesis (58/2015) entre tribunales colegiados,por lo que sentó jurisprudencia sobre el tema.

El ministro presidente Luis María Aguilar Morales destacó la importancia de este criterio al afirmar que esto podría ser el inicio de toda una trayectoria jurisprudencial que pudiera aplicarse en casos subsecuentes, donde se trataran cuestiones como la afectación a los derechos de los menores, de las mujeres, de los indígenas y, en general, de grupos vulnerables.

Cuando el juez tenga conocimiento de la violación a los derechos humanos de cualquiera de las partes involucradas, no puede hacerse el ignorante, soslayar y no hacer nada, subrayó Aguilar, quien precisó que el criterio será válido, siempre y cuando la denuncia no tenga que ver con el fondo de la demanda.

El ministro Arturo Zaldívar señaló que la decisión constituye una camisa de fuerza, ya que desde su punto de vista los jueces tendrían la obligación de tomar las medidas necesarias cuando en un juicio de amparo adviertan violaciones graves que no forman parte del litigio.

Para Fernando Franco, el criterio puede ser peligroso, ya que vulnera la seguridad jurídica y propicia que esto sea mal usado, como ha sucedido, complicando el funcionamiento del sistema del orden jurídico nacional.

Norma Lucía Piña Hernández se pronunció por que el pleno fuera más claro y ordenara que la denuncia de los jueces fuera vinculante. Es una cuestión que debe tomarse en serio, o bien, que esas decisiones sean vinculantes y que la autoridad está obligada a hacerlo, y no dejarlo a la mera vista.

También votaron en contra Eduardo Medina Mora y Margarita Luna Ramos.