iversos colectivos de más de 27 ciudades en el país han convocado a la realización de una marcha para hoy en contra de las distintas manifestaciones de violencia que se ejercen hacia las mujeres. Se trata de un esfuerzo organizativo que tendrá sus epicentros en el estado de México, entidad tristemente célebre por el auge de feminicidios que se registra en municipios como Ecatepec, y en la Ciudad de México.

La víspera, miles de mujeres se sumaron en redes sociales –entre ellas Twitter– a la denuncia de la violencia de género mediante la difusión de numerosas historias de acoso sexual que terminaron volviéndose tendencia nacional e internacional.

Pero más allá de la visibilización coyuntural de la violencia de género –apuntalada por la difusión de episodios vergonzosos de discriminación y agresiones sexuales que se han viralizado en las propias redes sociales–, el trasfondo en que surgen estas expresiones espontáneas de acción colectiva es mucho más profundo, arraigado y extendido que lo que alcanza a mostrarse por los usuarios de las vías alternativas y horizontales de comunicación.

Un dato de contexto insoslayable es el que arroja un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en noviembre pasado: 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más en el país ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo: emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral, y la cifra se eleva a 68 por ciento entre las mujeres de 30 a 39 años. Particularmente significativo resulta el indicador relativo a la violencia sexual, la cual, de acuerdo con la referida encuesta, ha sido padecida por más de un tercio de la población femenina (35.4 por ciento).

Frente a estas cifras, que no dejan de ser apenas un indicador numérico de realidades dolorosas, queda de manifiesto que los feminicidios que han asolado durante décadas algunas regiones del país son la punta del iceberg –particularmente trágica y dolorosa– de un problema estructural que ha sido normalizado por la sociedad de nuestro país. En un entorno nacional en el que se cuestiona el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo y sus afectos; se les somete a un trato discriminatorio en los ámbitos laboral y familiar; se criminaliza a las víctimas femeninas de agresiones sexuales, no resulta extraño que se agreda y asesine a cientos o miles de mujeres por el solo hecho de serlo.

En este panorama de barbarie social contra las mujeres convergen causas múltiples y complejas, históricas y culturales varias de ellas, y sería improcedente exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que la erradicaran en unos pocos años. Lo que sí cabe exigirles, en cambio, es que eliminen los márgenes de impunidad y corrupción que han hecho posible el pavoroso incremento de todas las expresiones de violencia de género en diversas zonas del país, particularmente las que derivan en asesinatos y las que alimentan el negocio de trata de personas y de explotación sexual.

Las autoridades de los distintos niveles tienen ante sí la doble responsabilidad de revertir la tendencia negativa en materia de protección a las mujeres y de formular políticas públicas y acciones concretas que permitan hacer frente a la discriminación y formen conciencia colectiva respecto de que la violencia de género no puede ser vista como algo normal. En tanto estos fenómenos subsistan, el país no tendrá autoridad moral para llamarse civilizado.