n vísperas de la terminación de su estancia en México por decisión del gobierno mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su segundo informe, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, sobre la agresión perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014 en contra de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras personas. Esa instancia de coadyuvancia fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con autoridades nacionales y los familiares de los 43 muchachos desaparecidos aquella noche, e inició su tarea en marzo del año pasado, cuatro meses después de que la Procuraduría General de la república (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, presentó una versión de los hechos según la cual los normalistas habían sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos, triturados, colocados en bolsas de plástico y arrojados al aledaño río San Juan. Tal versión fue elevada en enero de 2015 a rango de verdad histórica, pese a sus múltiples inconsistencias y contradicciones y a las críticas de que fue objeto por especialistas y organizaciones de derechos humanos.

En un primer informe, presentado en septiembre del año pasado, el GIEI no sólo descartó la factibilidad de esa historia, sino señaló múltiples fallas en la investigación oficial y propuso líneas de investigación que hasta entonces no habían sido consideradas, como la existencia de un quinto autobús no mencionado en el expediente oficial y el seguimiento que el centro de comunicaciones regional –en el que participaban las policías municipal, estatal y Federal, además del Ejército– hizo de los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa y en el curso de la agresión. Asimismo, subrayaron incoherencias, ocultamiento de pruebas y otros vicios de la pesquisa de la PGR, y recomendaron una transformación en los procedimientos de trabajo de esa dependencia, tanto en el caso de Iguala como en otros.

Sin embargo, en los seis meses siguientes la PGR se mostró reacia a seguir las recomendaciones de los expertos independientes, omitió líneas de investigación fundamentales, como la de los registros de telefonía de los muchachos desaparecidos y de sus presuntos verdugos, y se negó a analizar la participación de agentes de la Policía Federal en la agresión, pese a que no sólo estuvo al tanto de ella, sino que realizó bloqueos viales en el perímetro de los ataques. Por lo demás, los investigadores gubernamentales llevaron a uno de los acusados al basurero de Cocula antes del inicio oficial de las diligencias e impidieron que los expertos argentinos en antropología forense atestiguaran la recuperación de bolsas con los supuestos restos de los estudiantes en el río San Juan.

El GIEI señaló, asimismo, los datos que indican que los presuntos agresores fueron, en su mayoría, sometidos a apremios físicos después de su captura –como se desprende del expediente mismo– y desvirtuó de manera rotunda –en contenido y en procedimiento– el tercer peritaje sobre fuego en el basurero, realizado a espaldas del propio grupo de expertos por peritos que firmaron una cláusula de confidencial a perpetuidad y cuyos métodos de trabajo permanecen en completa opacidad.

El gobierno, si bien no ha descalificado frontalmente el trabajo de los expertos internacionales, persistió en la determinación de defender, sin argumentos de peso, la verdad histórica ofrecida por Murillo Karam hace más de un año. La puntilla de la actitud oficial hacia la labor del GIEI fue la notoria ausencia en el acto de ayer de los tres funcionarios que debieron recibir el segundo informe: los subsecretarios Roberto Campa Cifrián (Gobernación) y Miguel Ruiz Cabañas (Relaciones Exteriores), y el subprocurador Eber Betanzos.

La terminación de la tarea encomendada al GIEI deja, ante extravíos, carencias y omisiones de la versión oficial, un tremendo vacío en la justicia nacional y coloca a las autoridades del país en una situación por demás comprometida, porque queda la idea de que falta voluntad política para llegar a fondo en la ubicación de los 43 desaparecidos y en el esclarecimiento real de los móviles, las responsabilidades y las complicidades de la barbarie ocurrida esa noche de septiembre en Iguala.