Buenos Aires

La muerte de tres trabajadores en distintos lugares del país por los despidos fue reclamada el pasado jueves por miles de manifestantes de diversos sindicatos, pero no detuvo al gobierno de la derechista alianza Cambiemos, que a los 130 mil despidos que lleva en el año, añadió 3 mil 500 más este viernes.

Yolanda Mercedes, de 60 años, auxiliar docente de Mar del Plata, tuvo un infarto y murió hace dos días al abrir su estado de cuenta bancario y comprobar que le habían descontado más de 6 mil pesos (y quedaban sólo 40 pesos en su cuenta). La deducción de ese dinero fue orden de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que le cobró a la mujer haber estado en el paro docente contra los despidos.

Melisa Bogarín de 30 años trabajadora despedida del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la provincia del Chaco, madre de una niña de meses se descompensó durante una asamblea de despedidos y murió.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este viernes la muerte de Esteban Latorre, trabajador de la Biblioteca Nacional, quien falleció tras recibir el telegrama en que se le notificó su despido mientras estaba de licencia por haber sido sometido a una operación de las coronarias. Tenía 41 años y una hija de seis años.

Ayer en las manifestaciones en contra de los despidos masivos de los trabajadores de la construcción, los empleados bancarios- que cumplieron este viernes dos días de paro en todo el país- y de otros gremios advirtieron sobre la tragedia de los despedidos, a los que llamaron los desaparecidos del sistema.

Esta tarde en Zárate, a 80 kilómetros al noreste de esta capital, una multitudinaria asamblea de vecinos y trabajadores rechazaron los 2 mil 400 despidos en la Central Nuclear Atucha II, que estaba preparándose para entrar en funciones. El gobierno de Macri suspendió su funcionamiento sin dar explicaciones.

Un solo medio televisivo, C5N, mostró esta noche lo que los otros ocultaron. Una protesta que siguió bajo la lluvia con bloqueo de carreteras, ya que varios pueblos surgidos en torno a esta central termonuclear quedarían desmantelados. Son miles de familias, lo que hace recordar los tiempos de las privatizaciones del gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999) que sólo en el gremio petrolero despidió a 50 mil trabajadores.

En el Ministerio de Trabajo hubo nuevos despidos de personal con hasta 20 años de antigüedad. En Usuahia, Tierra del Fuego, se despidió a más de 500 en los últimos días.

La propuesta gremial de conservar todos los puestos de trabajo fue formalizada ante el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, pero esa dependencia nunca respondió, por lo que la empresa decidió efectuar los despidos masivos.

Uno de los programas del Ministerio más afectados por los despidos es Asistir, creado precisamente para patrocinar a trabajadores sin recursos que no pueden llevar adelante juicios laborales, afirmaron dirigentes de ATE quienes calificaron de perversidad cerrar este programa justo ahora.

Jueces cuestionados

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace dos días se incorporó activamente a la política, rodeada día a día por cientos de personas, denunció al juez Claudio Bonadío -quien la acusó indebidamente en la causa por las operaciones de dólar a futuro, por uso abusivo y arbitrario de su poder.

La ex mandataria presentó su denuncia ante el Consejo de la Magistratura –donde el kirchnerismo es minoría- y señaló que Bonadío persigue una exclusiva finalidad política. Explicó también que el juez autorizó el pago de los contratos de dólar futuro en plena devaluación del gobierno actual, aunque él mismo consideró que eran ruinosos para las arcas públicas.

Lo grave es que la justicia se desprestigia cada vez con acciones como la de Bonadío o lo que sucede con la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy, quien está detenida por acusaciones sin prueba alguna desde el 16 de enero pasado y ahora irá a juicio oral por un escrache (denuncia pública) contra el gobernador de Cambiemos en dicha provincia, Gerardo Morales.

Es una causa tan armada como las que se han tramado contra Fernández y funcionarios del kirchnerismo por denuncias periodísticas; en una evidente persecución política.