Brasilia.

Con consignas como fuera Dilma y destitución ahora, la Cámara de Diputados de Brasil comenzó ayer una sesión histórica en la que decidirá sobre la apertura de un juicio político contra la presidenta, cuyo destino puede quedar sellado este domingo, cuando el pleno votará si la acción debe ser archivada o avanzar al Senado.

El debate comenzó luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) despejó el camino y rechazó por la madrugada el pedido de la Abogacía General de la Unión de suspender la votación del proceso de impeachment contra la mandataria.

Los jueces rechazaron la solicitud de Dilma Rousseff por ocho votos contra dos, con el argumento de que no les corresponde implicarse en esa fase del proceso, que según el principal responsable legal del Ejecutivo, José Eduardo Cardozo, está contaminado.

La mayoría de los magistrados apuntaron que el papel de la cámara baja en el proceso es determinar si acepta las acusaciones contra Rousseff. En ese caso, será el Senado el que deberá realizar un juicio para examinarlas.

El derecho de defensa

Al presentar el jueves el recurso, Cardozo, abogado general del Estado, denunció un proceso que violó el derecho de defensa de la presidenta y advirtió que podría haber otras acciones legales.

La jornada en la Cámara de Diputados comenzó con la presentación de los argumentos de la acusación, los cuales señalan que Rousseff, de 68 años, cometió crímenes de responsabilidad al haber maquillado las cuentas públicas y abrir créditos sin la aprobación del Congreso en 2014 –el año de su relección– y a principios de 2015.

Durante su participación, Cardozo negó importancia a esos cargos y denunció una tentativa de golpe de Estado, mientras los diputados del Partido de los Trabajadores (PT, de Rousseff) gritaban ¡No habrá golpe!, ¡No habrá golpe!

Cuestionó además el papel activo que jugó en el procedimiento de impeachment el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, quien es juzgado por el STF por supuestamente haberse embolsado sumas millonarias de la red de sobornos de la estatal Petrobras. Según Cardozo, Cunha actuó movido por un deseo de venganza, porque el gobierno no le ayudó a evitar un proceso por presunta corrupción en la Comisión de Ética de la Cámara.

El jurista Miguel Reale, uno de los autores de la denuncia, echó en cara al gobierno sus manejos fiscales y rechazó las acusaciones de golpismo. Hubo un golpe, sí, cuando se escamoteó la revelación de que el país estaba quebrado, cuando se disfrazó la situación fiscal del país y se siguieron haciendo inmensos gastos públicos y cuando tuvieron que recurrir a empréstitos de entidades brasileñas para financiarlos, declaró.

La apertura de un juicio político requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara –342 diputados de un total de 513– y la ratificación por el Senado en un plazo máximo de seis meses. En ese caso, la gobernante sería separada del cargo y remplazada por su vicepresidente, Michel Temer, del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien completaría el mandato, hasta finales de 2018.

Según una encuesta del diario O Estado de Sao Paulo, los partidarios del impeachment cuentan ya, desde el jueves por la noche, con 342 votos.

La mandataria, en tanto, canceló un discurso previsto para la noche de este viernes, en el que defendería a su gobierno. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que un video alcanzaría sus objetivos si es difundido ampliamente por Internet. Una fuente del Palacio de Planalto dijo que la decisión de difundir el video por las redes sociales se adoptó por un tema de eficacia política.

Mientras, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) expresó su confianza en que el impeachment será derrotado el domingo y pondrá fin a la crisis política. Lula consideró que el esfuerzo para que Brasil sea reconocido como un país con instituciones fuertes puede ser dilapidado por un paso impensado.