l lunes pasado la empresa Autovan, que construye la autopista Toluca-Naucalpan, demolió varias casas de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, con apoyo de cientos de efectivos de la policía estatal mexiquense, a pesar de que esa comunidad otomí está amparada por dos suspensiones provisionales emitidas por jueces de distrito. Más aun, la destrucción se realizó en presencia de personal del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que supervisaba el cumplimiento de tales suspensiones y a pesar de las medidas cautelares en favor de los lugareños, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La firma contratista continuó ayer con los trabajos con maquinaria pesada.
El conflicto viene de mucho antes, desde que en 2013 la comunidad tuvo noticia del diseño de un proyecto carretero que afectaría sus tierras. En julio del año pasado un decreto presidencial dictó la expropiación de casi 38 hectáreas, con el propósito de construir la vía rápida referida. A partir de entonces las autoridades federales y estatales han emprendido una campaña en contra de la comunidad, que pasa por la criminalización de sus dirigentes y por la demolición de varias viviendas.
Pero, en presencia de las suspensiones judiciales referidas, previas a un amparo definitivo, las más recientes acciones de Autovan constituyen una flagrante violación del orden jurídico, que habrían debido ser frenadas de inmediato por las autoridades. Éstas, sin embargo, se hicieron cómplices de la infracción al dar protección policial a las labores de demolición realizadas por la empresa.
Más allá de lo estrictamente jurídico, no debe ignorarse el contexto en que ha tenido lugar la incursión en contra de San Francisco Xochicuautla: es pertinente recordar que Autovan es filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, quien enfrenta múltiples señalamientos como contratista principal del estado de México desde que esa entidad era gobernada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y como proveedor de las residencias de lujo de la esposa del mandatario y de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por añadidura, el nombre del empresario fue incluido en los documentos del despacho panameño Mossack Fonseca entre quienes han movido dinero en paraísos fiscales por medio de empresas fantasmas: según las revelaciones dadas a conocer en días recientes, Hinojosa Cantú realizó movimientos por más de 100 millones de dólares en instituciones opacas del Caribe y de Nueva Zelanda, justo en los momentos en que sus transacciones inmobiliarias eran analizadas por la Secretaría de la Función Pública.
Tales antecedentes hacen especialmente improcedente la protección oficial a los desmanes de una empresa propiedad del contratista y refuerzan las sospechas sociales y el deterioro de la credibilidad, de por sí agudo, que padecen las instituciones federales y las mexiquenses.
La destrucción de hogares y otros inmuebles en San Francisco Xochicuautla debe cesar de inmediato, y es pertinente demandar que se investigue y sancione a quienes violaron las suspensiones judiciales en favor de los comuneros y a los funcionarios que cobijaron semejante atropello, que no es sólo a los lugareños, sino también al orden jurídico nacional.
