Autoridades del Tribunal Superior Agrario (TSA) obligaron, mediante engaños, al personal de audiencia campesina y a los peritos topógrafos a firmar sus renuncias y aceptar liquidaciones equivalentes a cinco o menos años de trabajo cuando la mayoría de los empleados tenían entre 15 y 25 años de antigüedad.

Algunos de los afectados, quienes pidieron el anonimato ante el temor de represalias legales, comentaron que de los 400 mil o 300 mil pesos de liquidación legal que les correspondían, que en documentos oficiales les fueron expuestos antes de recibir las liquidaciones, sólo les entregaron entre 30 mil y 100 mil pesos; quienes pusieron alguna leyenda de inconformidad en los documentos fueron amonestados y amenazados con no recibir ni ese monto.

Nos trataron como limosneros. El día que entregaron los cheques de la liquidación al personal que laboraba en las oficinas del TSA nos formaron afuera de las instalaciones, cuya puerta principal permaneció cerrada. Al momento de la entrega del cheque y ante personal del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que acudió para dar formalidad al asunto, nos dimos cuenta de que las liquidaciones no correspondían con los años de servicio. A ninguno se le permitió entrar acompañado por su contador o por un representante legal, apuntaron.

Agregaron que a quienes escribieron lo recibo bajo protesta les dijeron que tenían que firmar otros documentos o de lo contrario no se le entregaría nada: O lo recibes (el cheque), o se pierde el dinero y a ver cómo le reclamas a Hacienda.

La mayoría de los despedidos, según fuentes allegadas al TSA, eran personal de confianza. Fueron unos 75. Recibieron la notificación de manera verbal entre el 6 y 15 de enero. En ese momento sus jefes inmediatos –según su relato– les comentaron que era parejo, pero posteriormente se dieron cuenta que se salvaguardó a personal que mantiene amistad o tiene una relación estrecha con el director de Recursos Humanos, Mauricio Pérez Grovas; el oficial mayor, Jaime Díaz Morales, o con personal del presidente magistrado, Luis Ángel López Escutia.

Había personal de menos de cinco años de antigüedad que estaba en la lista de los despedidos, pero sus nombres fueron sustituidos por quienes tenían 15 años, sin importar que fueran personas de la tercera edad o estuvieran a punto de jubilarse, subrayaron.

Varios peritos topógrafos expusieron que durante sus labores fueron objeto de agresiones y secuestros que dañaron su salud, pero eso no importó al director de recursos humanos, quien asentó que era una decisión irreversible y que ahora corresponderá a los campesinos pagar el servicio del peritaje, cuyo costo supera 20 mil pesos, así como al abogado, si están interesados en que se ejecute la resolución.

Nepotismo, compadrazgo y aviadurías, situaciones que se han denunciado públicamente desde hace seis años, siguen arraigadas en el TSA.