Un año después del movimiento de los campesinos de San Quintín, sólo a una mínima parte les han incrementado los salarios, las condiciones laborales no han cambiado y continúa el esclavismo en los campos, afirmó el Sindicato Independiente, Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas.

El informe Primer año de lucha detalla que empresas como Driscoll’s, Los Pinos y Productora Industrial del Noroeste son las que se niegan a reconocer la representatividad sindical, no pagan los salarios mínimos acordados e incluso siguen contratando a menores de edad para la cosecha.

Todo ello sin que las autoridades laborales se den por enteradas, añade el documento. Detalla que los trabajadores siguen recibiendo pago a destajo, según lo que cosechen, o por jornal, y continúan sin estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como les habían ofrecido.

De acuerdo con cálculos de la organización, el pago de sueldos a jornaleros y sus familias –hijos incluidos– representa a las empresas uno por ciento del total de sus ingresos.

En ese sentido, explica que empresas y autoridades aseguran que si dieron los incrementos salariales fue porque aplicaron un magro aumento de 15 por ciento; sin embargo, elevaron las tareas a los jornaleros. Por ejemplo, a los recolectores de pepinos y jitomates, a quienes pagaban 70 pesos diarios, tenían que llenar un promedio de 80 botes al día de ambos productos. Empero, les aumentaron sus ingresos a 80 pesos y ahora tienen que llenar 110 botes, es decir, en términos reales les bajaron sus remuneraciones.

Por el dinero que reciben tienen que cubrir la entrega de 50 botes. Los siguientes se los pagan a peso. Prácticamente pocas empresas están cubriendo el salario mínimo de 180 pesos fijado en los acuerdos que se firmaron en la Secretaría de Gobernación hace un año.

Además, en la mayoría de los centros de trabajo cobran a los empleados renta, comida, gas, uso de estufa, agua, transporte, herramientas que utilizan en sus actividades, cigarros y refrescos. Es esclavismo, denuncia la organización.

Afirma que los campesinos siguen viviendo en galerones, sin higiene ni seguridad en las empresas. Con sus familias. La mayoría provienen de estados del sur del país y no han sido afiliados al IMSS. En tanto, las jornadas laborales son de 12 horas –generalmente de 5 de la mañana a 17 horas– y están expuestos al contacto con productos químicos por los fertilizantes y fumigadores. Les cobran hasta la herramienta que utilizan, denuncia la agrupación.

Detalla que en la jornada de lucha que llevaron a cabo en semanas recientes, para recordar el primer aniversario de que comenzaron las movilizaciones, fueron sancionados quienes participaron en éstas. Los que estuvieron en las protestas fueron boletinados o despedidos. Como no hay papeles firmados, simplemente cuando se presentan a trabajar les anuncian que fueron dados de baja. Por supuesto, sin ninguna liquidación.

Añade que por esa razón continuarán las protestas en la región y seguirán avanzando en la sindicalización de los jornaleros, a contracorriente de las empresas y sin el respaldo de las autoridades.