e cumplieron ayer 40 años del golpe que instauró en Argentina una dictadura militar que liquidó las instituciones, torturó, asesinó y desapareció a decenas de miles de personas, traficó con niños recién nacidos, acabó con derechos y libertades e impuso en el país sudamericano el modelo económico que ya venían aplicando Augusto Pinochet en Chile, Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos.

En los siguientes siete años la nación argentina se vio sumida en lo que muchos consideran el periodo más trágico de su historia, que culminó con la caída de la junta militar tras la derrota sufrida en las islas Malvinas. El cuartelazo del 24 de marzo de 1976, cabe recordarlo, contó con el activo respaldo del empresariado y del gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese entonces por Gerald Ford, quien tenía como secretario de Estado a Henry Kissinger.

El aniversario del cuartelazo fue conmemorado ayer en Buenos Aires con una marcha multitudinaria, realizada con el telón de fondo de la presidencia regresiva de Mauricio Macri, el hombre de negocios que busca reinstaurar el neoliberalismo en Argentina, y en el contexto de la visita del actual mandatario estadunidense, Barack Obama.

A pesar de las cuatro décadas transcurridas, de los procesos judiciales a que fueron sometidos los principales mandos de la dictadura luego de la reinstauración de la democracia formal y de los esfuerzos por la recuperación de la memoria, la herida sigue abierta. El actual gobierno es partidario de poner fin a los juicios y las sentencias a violadores de derechos humanos y el propio Macri proviene de una familia que realizó pingües negocios al amparo del régimen militar. Por lo demás, a pesar de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales del año pasado, los sectores populares y progresistas no han dejado de movilizarse para resistir el autoritarismo y los lineamientos económicos del actual presidente.

Por otra parte, si bien es cierto que muchos de los responsables del terrorismo de Estado que devastó al país entre 1976 y 1983 han sido llevados ante la justicia, ello no significa que se hayan sancionado todos los crímenes perpetrados en esa época desde el poder público.

En cuanto al papel del gobierno de Estados Unidos en la instauración de la dictadura militar, hasta la fecha Washington no ha formulado un reconocimiento oficial de sus responsabilidades en ese proceso, ni en los otros que tuvieron lugar en Sudamérica –la tiranía impuesta por Augusto Pinochet en Chile es el caso más destacado– y en la coordinación de los regímenes militares de la región para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Cabe recordar que en la penúltima década del siglo pasado las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay crearon una instancia de colaboración represiva conocida como Plan Cóndor para secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar a opositores políticos allende sus respectivas fronteras, y que esa instancia delictiva fue diseñada, asesorada y financiada por el Departamento de Estado estadunidense.

Aunque Obama –acompañado por Macri– haya rendido ayer en Buenos Aires un homenaje a las víctimas de la dictadura, su señalamiento autocrítico fue equívoco e insignificante, porque el problema no es que Washington haya tardado mucho en defender los derechos humanos –como expresó– en Argentina y en Sudamérica en general, sino que participó de manera activa e incluso protagónica en la comisión de crímenes de lesa humanidad, y hasta la fecha las responsabilidades correspondientes no han sido investigadas ni castigadas.