entenares de miles de brasileños se manifestaron ayer en las principales ciudades del país para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo periodo constitucional concluye en 2018. La mayor marcha fue en el estado de Sao Paulo, bastión tradicional de la derecha, donde se calcula que casi millón y medio de personas rechazaron la permanencia de la mandataria en el cargo tras los señalamientos de corrupción que enfrentan ella y su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.
Es claro que el primer factor para explicar la magnitud de las protestas referidas reside en la erosión y la descomposición que afecta al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) tras más de 12 años en el poder. En este sentido resulta innegable que los multiplicados casos de corrupción oficial y la pérdida de coherencia ideológica en las administraciones emanadas de dicho organismo político han creado un distanciamiento real entre gobierno y sociedad.
Sin embargo, no puede ignorarse que las presentes protestas por la salida del gobierno se sustentan no sólo en el legítimo descontento popular, sino que son impulsadas por una intensa campaña desde los medios de información hegemónicos con el inocultable designio de alimentar de manera artificial la indignación ciudadana.
Es pertinente recordar que tales medios poseen la capacidad de crear e inducir percepciones y, en el caso brasileño, los más poderosos entre ellos resolvieron hacer uso de tal facultad para juzgar y dar por culpable a Dilma y a su mentor y antecesor en el cargo, en una operación que favorece a los grupos de la derecha, a los cuales pertenecen las empresas mediáticas.
Un tercer elemento que debe considerarse para situar en su justa dimensión la crisis de gobernabilidad que atraviesa Brasil es la paradoja de que las protestas contra la mandataria sean, en buena medida, encabezadas por sectores de clase media surgidos justamente gracias a las políticas sociales y redistributivas aplicadas por los gobiernos del PT.
En suma, en la actual coyuntura el descontento generado por la corrupción y la prolongada crisis económica confluyen con los afanes golpistas de un sector de la derecha oligárquica cuya cara más visible son los conglomerados mediáticos, los cuales, en el mundo contemporáneo, pueden llegar a convertirse en poderes fácticos capaces de entronizar y deponer gobiernos de acuerdo con sus intereses económicos y políticos.
Al respecto cabe recordar la caída, en 1992, del presidente Fernando Collor de Mello, un político perteneciente a la élite económica brasileña, quien llegó al poder sin contar con una estructura partidista significativa pero con el apoyo decidido de los mismos intereses que hoy se han propuesto sacar a Rousseff de la presidencia. Envuelto en un escándalo de corrupción en gran escala, Collor de Mello debió abandonar la presidencia cuando los sectores que lo encumbraron decidieron acelerar su salida del poder, práctica que entonces se realizó contra un representante de la propia oligarquía y hoy se emplea sin disimulo contra un proyecto que, independientemente de los casos de corrupción y los escándalos, ha estado claramente orientado a favorecer a los sectores populares.
Tal panorama de manipulación de la voluntad ciudadana obliga a reflexionar acerca de las vías ocultas que obstaculizan –y en determinadas circunstancias anulan– al poder legalmente constituido en las democracias formales, pues queda claro que el operar de los poderes fácticos brasileños constituye, con los matices de cada caso, una situación habitual en las sociedades actuales.
