Los grupos parlamentarios de PRI-PVEM y del PRD en el Senado presentaron ayer sus respectivas iniciativas de leyes secundarias para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en la reforma constitucional en la materia.

Ambas propuestas coinciden en sanciones fuertes para funcionarios y servidores públicos que incurran en desviación de recursos o reciban dádivas o comisiones indebidas por asignar contratos de obras o de servicios, aunque la iniciativa perredista es más severa, ya que considera la remoción e inhabilitación hasta por 30 años en el caso de los llamados moches y el tráfico de influencias.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, presentó la iniciativa de su bancada ante el pleno y resaltó que, aunque parezca broma, hasta la reforma constitucional promulgada en mayo de 2015, en nuestro sistema legal la palabra corrupción no existía, y no por descuido. Fue una estrategia para mantener impunes actos u omisiones de servidores públicos beneficiados del manejo de recursos del Estado, y de particulares vinculados a ellos.

Por ello, destacó, es el momento de construir un cambio de paradigma en la lucha contra el flagelo de la corrupción e impunidad, mediante cuatro leyes nuevas y la reforma a una ya existente. Se trata, explicó, de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Particulares, de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Barbosa resaltó que para el PRD, los moches y el tráfico de influencias son hechos de corrupción grave que deben sancionarse. Incluye a secretarios de Estado, gobernadores, legisladores federales y locales, y, en general, servidores públicos federales, estatales o municipales que, de manera directa, por medio de su cónyuge, concubina o parientes, hasta el cuarto grado, obtengan beneficios de una persona física o moral con la que hayan celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios.

Incurrirán en actos de corrupción, insistió, los diputados federales y locales que en el proceso de aprobación del presupuesto federal o local, según corresponda, gestionen o soliciten la asignación de recursos en favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida en dinero o en especie.