A más de 20 días de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo anunció, ayer solicitó el desafuero de la diputada de Sinaloa Lucero Sánchez López, por haber utilizado documentos falsos para ingresar al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, y reunirse con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

La Subprocuraduría Especializada e Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) formalizó la petición para que pueda ejercitar acción penal en contra de la legisladora panista, por ser señalada como responsable del delito de uso de documentos falsos.

La petición fue entregada al Congreso de Sinaloa, a fin de que a la brevedad posible se inicie el juicio de procedencia y con ello el Ministerio Público Federal pueda turnar el expediente del caso a un juez federal y solicite la orden de aprehensión correspondiente.

En tanto, el PAN reiteró ayer su llamado a la Cámara de Diputados, y en especial a su grupo parlamentario, para que voten en favor del desafuero de Sánchez López.

El fuero debe dejar de ser un pretexto para que puedan llevarse a cabo las investigaciones que permitirán a los mexicanos conocer la verdad sobre este caso, y si hay algún delito que castigar, que se haga conforme a derecho, añadió el partido en un comunicado.

Luego de ratificar que no defenderá a ninguna persona involucrada en delito alguno, el blanquiazul pidió a la PGR hacer su trabajo con toda objetividad.

El caso comenzó a raíz de una denuncia presentada ante la PGR por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en abril de 2015, ya que detectó que una mujer había ingresado al Cefereso número 1 haciéndose pasar por uno de los familiares de Guzmán Loera, para lo cual utilizó una credencial de elector falsificada, en la que se incluyó el nombre y la fotografía de la legisladora.

La petición de desafuero se formalizó semanas después de que la legisladora fue detenida y presentada ante la PGR para que declarara en la averiguación previa iniciada en su contra, y luego de permanecer más de 20 horas en la Seido se retiró, reservándose su derecho a declarar.

El Ministerio Público Federal acreditó, a decir de las fuentes consultadas, que la legisladora utilizó una credencial de elector falsificada, a la que se le colocó su nombre para que pudiera ingresar, y ello constituye un delito del ámbito federal.

Sin embargo, el uso de documentos falsos no está tipificado como delito grave, por lo cual la legisladora podría obtener su libertad bajo fianza.