A los cinco jóvenes del caso Tierra Blanca, Veracruz, los levantaron porque a juicio de los policías estatales, al servicio del crimen, los muchachos eran ‘‘sospechosos’’: estaban ‘‘fortachones’’ y venían en un automóvil con placas foráneas. En eso basaron su ‘‘sospecha’’ el pasado 11 de enero.

Todas las víctimas fueron golpeadas, asesinadas y sus cuerpos destruidos o triturados, según la declaración del policía Rubén Pérez Andrade, octavo detenido en la investigación a cargo de la Policía Federal (PF) y la Fiscalía veracruzana.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que la única manera de revertir esta situación de violencia, donde los policías están bajo las órdenes de los delincuentes, es romper la cadena de impunidad.

‘‘El origen de esta situación es que los grupos delictivos, muchas veces en connivencia con corporaciones del Estado, están en la suposición de que desaparecer a sus víctimas significa desaparecer el delito. Esta convicción de los delincuentes es precisamente por la situación de impunidad, porque en otras ocasiones han desaparecido personas y no ha ocurrido nada’’, comentó el funcionario a La Jornada.

Tierra Blanca y Ayotzinapa tienen la característica común de la participación de policías (municipales y estatales, respectivamente) en la detención ilegal de jóvenes para entregarlos a los delincuentes, ‘‘quienes los asesinaron y destruyeron sus cuerpos’’.

El subsecretario Campa, quien ha estado en comunicación permanente con los familiares de las víctimas, dijo que conforme a la información disponible, los cuerpos de los cinco jóvenes fueron quemados y posteriormente triturados en un molino de caña y los restos tirados en un río cercano al rancho El Limón, donde fueron halladas evidencias que corresponderían a dos de las víctimas. Indicó que las partes de hueso tenían tejido y por tal motivo se pudo vincular con las huellas de sangre encontradas en dos camisetas.

Los agentes de la Fiscalía estatal y los policías federales, integrantes de la Gendarmería, continúan con el trabajo de búsqueda, mientras las evidencias están siendo analizadas actualmente por un equipo de antropología forense en Córdoba, Argentina. Los resultados de estos análisis genéticos se darán a conocer dentro de algunas semanas, según los cálculos de la policía científica mexicana.

‘‘¿Por qué ocurrió esto?’’, se preguntó el subsecretario Campa Cifrián. ‘‘Esta persona, de la que informamos ayer (el octavo detenido), en varias ocasiones dice que (los jóvenes) les parecieron sospechosos, es decir, simplemente porque había cinco muchachos fuertes en un vehículo que tenía placas de fuera.

‘‘La situación se da porque (los policías) operaban con total impunidad, por lo tanto detuvieron a los muchachos, los interrogaron, los golpearon y luego dice que decidieron matarlos y desaparecerlos’’, señaló. Esos policías, añadió el subsecretario Campa, trabajaban con el grupo criminal.

El octavo detenido por este caso reveló la información en un segundo interrogatorio, una vez que otros elementos técnicos lo vincularon con el levantón a las víctimas, principalmente con base en los videos captados desde una gasolinera y una tienda de autoservicio, así como huellas y registros de actividad telefónica.

Este policía, integrante de la corporación estatal, confirmó que en el rancho El Limón fueron asesinados los cinco jóvenes, ‘‘y él presenció solamente la primera parte de la desaparición’’.