La representación del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso un recurso de apelación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación (TEPJF) contra la resolución del Consejo General de dicho instituto de destituir sólo a tres de los siete consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas (IEPC), los cuales no cumplieron con el principio de paridad de género en las listas de candidatos a diputados locales y de ayuntamientos, además de permitir múltiples irregularidades en la integración de la lista nominal de electores de la entidad.

En un comunicado, la representación del PRD expuso que las omisiones del IEPC fueron plenamente acreditadas y constituyen violaciones graves que contravienen los principios que rigen al INE. Resulta evidente que en este caso se configuraron plenamente las causales de remoción previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En la sesión extraordinaria del pasado viernes, el Consejo General del INE acordó sólo destituir a los consejeros Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Carlos Enrique Domínguez Cordero y Margarita López Morales, luego de que se determinó votar caso por caso, y de que no se lograron los ocho votos para destituir a los siete integrantes del instituto comicial chiapaneco.

En Chiapas hubo fraude electoral y fue orquestado por la propia autoridad electoral local. Se vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad en un doble sentido: no sólo se atentó contra la paridad, sino también contra el derecho a votar de chiapanecos, mediante  una serie de acciones y omisiones en el proceso de confección de la lista de electores, y de graves irregularidades en la emisión de dichos votos que evidenciaron una alteración del sufragio ciudadano, expuso el PRD en la queja presentada ante el TEPJF el 25 de este mes.

Sostuvo que acudió al TEPJF, ya que hechos como estos no deben tolerarse y menos repetirse. El INE y sus organismos locales deben tutelar nuestros derechos cívicos fundamentales.