a Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) presentó en días pasados una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados por la desaparición de 271 mil 751 millones de pesos que habrían debido destinarse al Fideicomiso de Cobertura al pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi) de los trabajadores de la hasta hace poco paraestatal Petróleos Mexicanos. Con el paso de los años esa suma habría debido incrementarse en forma significativa por las aportaciones de la empresa y de los trabajadores, así como por la generación de réditos.

La consecuencia del desvío o el robo de ese dinero es que la empresa carezca de solvencia para hacer frente al pago de jubilaciones a mediano y a largo plazos. En su demanda, la Untypp señala que “no hay ningún motivo para que el pasivo laboral de Pemex se convierta en deuda pública –como pretende ahora el gobierno federal– que el pueblo tendría que pagar”, y exige que los responsables de los malos manejos sean imputados penalmente.

Por su parte, el Frente Nacional Petrolero realizó un recuento de una cantidad de negocios irregulares operados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por Carlos Romero Deschamps, que van desde venta de plazas, manoseo de las cuotas sindicales, desvío de los fondos otorgados por Pemex para viáticos y los contratos con proveedoras –propiedad, en muchos casos, de los propios dirigentes sindicales– hasta la ordeña subrepticia, pero masiva, de ductos y gasoductos.

Casi en forma simultánea a los señalamientos referidos, el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, anunció que la empresa reducirá su producción en cien mil barriles diarios (casi un 5 por ciento) debido al recorte de cien mil millones de pesos a su presupuesto decidido por el gobierno federal. Cabe recordar, asimismo, que la petrolera tuvo una pérdida acumulada de más de 521 mil millones de pesos el año pasado, incremento de casi el ciento por ciento con respecto de las pérdidas del periodo previo, y resulta ineludible la relación entre los desfalcos mencionados y las pérdidas anunciadas.

El funcionario dijo en rueda de prensa que Pemex no enfrenta un problema de solvencia, sino de liquidez, y aseguró que buscarán, junto con las autoridades hacendarias, nuevos esquemas para una posible capitalización. Pero, a la luz de las astronómicas irregularidades, resulta meridianamente claro, sin embargo, que el problema central de Pemex no es de liquidez, solvencia o falta de capital, sino de corrupción: durante décadas las más altas autoridades del país, así como los sucesivos directores generales de la empresa, han permitido su saqueo sistemático y monumental y han participado, de esa forma, en la ruina de la principal empresa de propiedad pública.

En estas circunstancias salta a la vista la imperiosa necesidad de emprender una investigación contable y judicial que permita deslindar las posibles responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios de Pemex, empezando por su titular actual, el propio González Anaya; su predecesor, Emilio Ricardo Lozoya Austin, además de Juan José Suárez Coppel, Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Luis Ramírez Corzo y Raúl Muñoz Leos, por nombrar sólo a los más recientes, así como esclarecer la turbiedad de la relación entre esos y otros altos funcionarios y la cúpula sindical que desde hace dos décadas ostenta el poder en el STPRM.

Si no se procede de esa manera, a la sociedad le resultará imposible confiar en los propósitos de combate a la corrupción formulados por la actual administración pública federal.